Categoría: Actualidad

Pese al anuncio de la nueva moratoria concursal por parte del Gobierno para solicitar concursos de acreedores, el pasado mes de marzo se registró un récord de liquidaciones de pequeños negocios debido a la insolvencia de estos. El 83% de ellos fueron realizados por autónomos y por cuenta propia con menos de diez trabajadores. Se trata de la cifra más elevada en un mes desde 2014.

Según la Estadística Mercantil del Colegio de Registradores, en abril se registraron 470 procedimientos concursales. Esta cifra supone un 968,2%% más que en abril del año pasado. Si bien la Ley Concursal da un plazo de dos meses desde que se conoce el estado de insolvencia para comenzar un proceso concursal, esta prórroga permite que cualquier deudor no esté obligado hasta finales de este año de presentar concurso. No obstante, las cifras demuestran que, a pesar de la moratoria, muchos negocios no han podido hacer frente a la actual crisis. Las restricciones y limitaciones horarias han llevado a miles de autónomos a presentar un concurso de acreedores para cerrar de definitivamente sus negocios. En consecuencia, los tres primeros meses de este año acaban con un total de 1.578 concursos, un 32,6% más que el año anterior.

Los sectores más perjudicados

La hostelería se mantiene como uno de los sectores más perjudicados. Después de registrar un repunte de sus concursos del 270,9%, con 345 procedimientos, casi cuatro veces más que en el mismo periodo de 2020. En valores absolutos le supera el comercio con 377 concursos, un 42,2% más. Otros sectores afectados han sido la educación y las actividades relacionadas con el ocio con un incremento del 141% y del 100%, respectivamente.

Solo el suministro de energía (-22%) y la agricultura (-20%) han recortado su cifra de concursos en este primer cuatrimestre. Entre las razones destaca la transformación hacia un modelo económico más sostenible y eficiente y la llegada de fondos europeos.

Por comunidades autónomas, Cataluña se sitúa en la cabeza, con 529 procedimientos, un 70,6% más que en el mismo periodo de 2020. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 391 concursos (+64,3%) y Comunidad Valenciana, con 303 (+51,5%).

Creación de nuevas empresas

En el primer trimestre del año se han constituido en España más de 27.800 sociedades mercantiles. Esto supone un incremento del 15,6% respecto al mismo trimestre de 2020. De igual manera, inscribieron concurso de acreedores un total de 1.154 empresas, un alza del 15,3% respecto a la misma franja temporal. En marzo se crearon un total de 11.101 constituciones, una cifra que representa un alza del 65% en relación con 2020 y una subida de casi el 16% frente a 2019. Además, el capital suscrito por las empresas que se crearon en estos cuatro primeros meses superó los 2.022 millones de euros, casi un 4,1% más que en igual periodo del año anterior. El emprendimiento creció incluso en la hostelería, donde se constituyeron 3.045 nuevas sociedades, un 12,6% más. En valores absolutos, los sectores donde más empresas se crearon en los cuatro primeros meses del año fueron comercio (7.693 empresas, un 44% más); construcción (4.833 sociedades, un 34,4% más) y actividades profesionales, científicas y técnicas (3.983 empresas, un 43,4% más).

Madrid es la comunidad autónoma donde más ha crecido el número de empresas creadas. En lo que llevamos de año cuenta con 8.366 nuevas compañías (+38%), por delante de Cataluña, con 6.795 (+35%) y Andalucía, con 6.433 (+45%).

Concursos de acreedores resueltos en un mes

Estos números nos llevan a pensar en la reactivación del ecosistema emprendedor en España. Sin embargo, lamentablemente estos datos pierden relevancia en un escenario en el que, también han crecido, y con mayor peso, los concursos de acreedores. Según la Guía de Buenas Prácticas para la Venta de Unidades Productiva, documento presentado el pasado 22 de abril, es posible reducir la duración de los concursos haciendo más eficaz un remedio que ya recoge la Ley Concursal como es la venta de unidades productivas. Un procedimiento que consiste en vender una parte de la empresa en funcionamiento, que puede ser rentable y que puede resultar interesante a terceros. Con esa venta, se inyecta un dinero a la empresa, lo que permite dotar de una nueva salida al procedimiento concursal, ya que en algunos casos puede alcanzar el valor de la deuda contraída.

A pesar de no ser una solución definitiva para todas las empresas que se presenten a concurso, sí que puede ayudar a salvar el mayor número posible de negocios en los procesos concursales. Así protege el tejido productivo y conservar el mayor número de empleos. Hay que tener en cuenta que el 90% de los concursos terminan en liquidación. El primer paso es encontrar la unidad productiva dentro de nuestra empresa. Ésta no tiene por qué ser un bien concreto, puede ser un objeto, la maquinaria o un servicio. Así, por ejemplo, en el caso de que una pyme cuente con varias líneas de negocio y necesite acudir a concurso, puede vender una de ellas a un tercero para seguir adelante con el resto de actividades. Además, puede contar con los trabajadores de ese área, protegiendo también el empleo.

Claves para que la Venta de Unidades Productivas acelere los concursos 

El objetivo es poder presentar el concurso con una oferta ya sobre la mesa y un tercero interesado. Así, el juez puede dar una respuesta más ágil y rápida nombrando un administrador concursal y, si se reúnen todos los requisitos, se puede dar una salida más rápida a esta situación.

1. Identificar la unidad. De este modo, cuando se presente el concurso, al juez se le lleva directamente una oferta de esa unidad productiva y un posible tercero interesado. 
2. Incluir los documentos y requerimientos que inicialmente no pide la norma, pero que luego en la práctica los jueces necesitan para el caso. Esto hace que se lleve a cabo el procedimiento de la forma más rápida y eficaz posible.
3. Con su uso se puede llegar a reducir a meses el procedimiento concursal. La tardanza dependerá de la carga que soporten los jueces de lo mercantil y del valor de la unidad productiva.

La venta de la unidad productiva puede suponer el fin del procedimiento concursal para los negocios que consigan subsanar todas sus deudas con el dinero obtenido. La guía está diseñada para que en un mes pueda solucionarse la venta de la unidad productiva. Hay que cumplir con una serie de plazos, pero una vez esté todo en orden, se podría llegar a  producir la venta de unidad productiva en un plazo entre uno y dos meses.

El número de OPAs no ha dejado de aumentar en España durante los últimos años. De hecho, han protagonizado grandes movimientos corporativos como Hispania, Telepizza, Parques Reunidos, MásMóvil, BME o Naturgy. Este tipo de operaciones financieras resultan muy complejas al no poder improvisarse y requerir mucho esfuerzo y recursos por parte de los compradores. Antes de su lanzamiento, los oferentes deben tener asegurada la financiación y poder demostrar que cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a la oferta. Acreditar estos recursos puede resultar un factor clave para controlar los tiempos de la oferta.

La OPA lanzada por el fondo australiano IFM por el 22,69% de Naturgy es la quinta mayor operación de compra del capital riesgo que se ha planteado en el mundo entre enero y marzo de este año. Con una valoración de más de 5.000 millones de euros, permite a España figurar en un top 5 que está dominado por adquisiciones de empresas estadounidenses con la única excepción, además de Naturgy, de la israelí ironSource, la tecnológica comprada hace unas semanas por Thomas Bravo a través de su SPAC por 10.000 millones de dólares.

La OPA de Naturgy

En el caso de la OPA de Naturgy  no existen acuerdos con accionistas significativos. Por lo tanto, su estructura es totalmente diferente.  La operación de Naturgy tendrá que pasar un periplo burocrático que la CNMV ya ha admitido a trámite.  La norma que limita las inversiones extranjeras en sectores estratégicos implica una autorización previa. El decreto vigente  restringe la posibilidad de tomar participaciones significativas en empresas españolas, intentando evitar que inversores extra-comunitarios tomen el control de compañías españolas en sectores estratégicos. Por eso, probablemente, la OPA de Naturgy será una de las más importantes en el sentido de que será valorada por los inversores como una cierta referencia de cuál será la posición del Gobierno español respecto de este tipo de operaciones en el futuro.

Las OPAs bajo el contexto de 2021

Actualmente, el nivel de apalancamiento es moderado. Observamos un cambio estructural en el mercado en el que el aumento de las OPAs coincide con la volatilidad que está experimentando la Bolsa. La liquidez existente, unida a las buenas condiciones de financiación y la valoración de determinadas cotizadas españolas las convierte en un interesante objetivo para los grandes fondos internacionales. En los próximos meses, la elevada liquidez y la actual valoración de determinadas cotizadas españolas podrían favorecer futuras OPAs en sectores sostenibles y resilientes. 

Un proceso de refinanciación tiene muchas más opciones de éxito cuando se aborda desde el primer indicio y antes de ocasionar un deterioro irreversible. La aprobación de los ERTEs y los avales del ICO han evitado un deterioro mayor, pero 2021 será un año de reestructuraciones. El patrón de recuperación, todavía incierto, marcará la tendencia y el impacto será muy diferente en función de los sectores.

El artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores ya ha establecido la obligación por parte del empresario de llevar a cabo un registro salarial. En él debe detallar los salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales de su plantilla. Todo ello dividido por sexo y grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor. Además, con esta normativa laboral, los trabajadores tienen derecho a acceder al registro salarial de su empresa.

Después de que el Gobierno aprobara este reglamento en pasado mes de octubre a través de un Real Decreto, este registro ya es totalmente exigible desde el pasado 14 de abril.

¿Qué empresas deben tener este registro salarial?

Una SPAC, o compañía de cheque en blanco, permite que una compañía privada pase a ser pública sin tener que pasar por el largo proceso de presentación de una oferta pública inicial. Normalmente, este tipo de sociedades están promovidas por inversores de renombre, profesionales de las finanzas con una amplia trayectoria y experiencia en fusiones y adquisiciones. Es su liderazgo del proyecto lo que atrae el capital de más inversores, tanto institucionales como particulares, con el que se constituye la SPAC y se busca una empresa privada prometedora para adquirir. Todo en un plazo máximo de dos años, de lo contrario, deben devolverle los fondos más un interés. No solo es un proceso más rápido, también es menos costoso y con menores obstáculos regulatorios y supervisión que una Oferta Pública de Acciones (OPA).

¿Cómo funcionan las SPAC?

Una SPAC es creada por un equipo directivo. Captan dinero de los inversores en una OPV, normalmente a un precio de 10 dólares por acción. Por cada acción, los inversores reciben un incentivo adicional, conocido como «warrant». Estos dan a los titulares el derecho a comprar una fracción de acción de la empresa a un precio en una fecha concreta del futuro.

No se sabe qué empresa puede ser adquirida. Los inversores ponen su dinero y su confianza en la capacidad del promotor para buscar y ejecutar una operación. Tienen la oportunidad de recuperar su dinero en el momento de la adquisición de la entidad privada.

Los promotores suelen obtener alrededor de un 20% de participación en la SPAC a cambio de una inversión en efectivo relativamente pequeña. Así es como ganan su dinero. Si la SPAC tiene éxito, sus acciones ganan un valor significativo. El dinero recaudado en la OPV va a una cuenta fiduciaria y se invierte en letras del Tesoro. La cuenta fiduciaria solo puede utilizarse para un número limitado de actividades, incluida la inversión en una adquisición. Esto proporciona a los inversores cierto grado de garantía de que los promotores no lo gastarán. Sin duda, esta es una de sus mejores características.

Los promotores también suelen comprar warrants adicionales en el momento de la OPV. El extra de este efectivo se utiliza para cubrir gastos de esta y otros corrientes. Así no tocan los 10 dólares por acción de otros inversores. Éstos disponen entonces de un periodo de tiempo, normalmente de dos años, para completar una adquisición. Mientras tanto, los inversores pueden comprar y vender acciones de la SPAC en el mercado abierto como cualquier otra empresa pública.

Cuando se encuentra un objetivo para la SPAC

En este momento los accionistas votan sobre la operación. En ese momento, también tienen derecho a rescatar sus acciones y ser reembolsadas con cargo a la cuenta fiduciaria, a 10 dólares por acción más intereses. Esto también proporciona un grado de protección a los inversores: si no les gusta la operación, pueden recuperar su dinero. En este momento, la SPAC suele tener que captar más dinero para completar la operación porque la empresa objetivo suele ser más grande que la SPAC (de 2 a 4 veces más grande que los ingresos de la OPV de la SPAC en la mayoría de los casos). Además, porque parte del dinero de la cuenta fiduciaria tiene que gastarse en el rescate de acciones. El promotor puede aportar parte de este dinero, pero la mayoría de las veces se traen nuevos inversores. Los accionistas de la SPAC suelen acabar teniendo una participación minoritaria en la entidad fusionada. Si se aprueba la operación y se consigue la financiación, la fusión se lleva a cabo y la SPAC empieza a cotizar como una nueva empresa.

La actual crisis está dejando a su paso decenas de miles de empresas españolas sin actividad. Es usual que la disolución efectiva de estas empresas se demore e incluso no llegue a ejecutarse. Para evitar el uso fraudulento de estas empresas fantasma para operaciones ilegales, la Agencia Tributaria ha solicitado colaboración a notarios y registradores. Se busca agilizar así el cribado de empresas vivas y prevenir que el cementerio empresarial se aproveche para actividades delictivas. El objetivo es hacer una limpia entre las sociedades muertas para identificar antes a aquellas empresas «zombie” que puedan facilitar la comisión de delitos.

Hasta el 31 de diciembre

El pasado 14 de marzo era la fecha límite que estableció la anterior prórroga de la moratoria concursal. Este hecho eliminaba cualquier exigencia de acudir a concurso de acreedores a todas aquellas compañías que se encontrasen en situación de insolvencia. ¿Qué hubiera pasado si el Consejo de Ministros no hubiera ampliado hasta finales de año esta nueva prórroga? Se habría reactivado la obligación de solicitar concurso en el plazo de los dos meses siguientes al momento en el que los administradores sociales conocen la situación de insolvencia de la empresa.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que se está trabajando en la modificación de la ley concursal. Plan que prevén presentar pronto con el objetivo de evitar la quiebra de más empresas. Esta ampliación  proporcionará un periodo para afrontar los procesos de análisis y reestructuración de las empresas. Su objetivo es hacerlo sin desencadenar necesariamente una pérdida de valor en tanto se moderniza y agiliza el régimen concursal.

También se amplían hasta el 31 de diciembre también las medidas procesales que aceleran los procesos, la tramitación preferente y el fomento de la subasta extrajudicial. Sin embargo, la moratoria no exime al administrador de solicitar el concurso voluntario ante la insolvencia actual o urgente.

¿Cómo no convertirte en una empresa «zombie»?

Hay empresas que no pueden continuar ni un día más y están esperando una decisión que les permita resistir y por eso aguantan más de lo que pueden. Si son estas sociedades las que reciben esos 11.000 millones de ayudas no van a servir de nada. Ampliar aún más los plazos puede solo conseguir retrasar el colapso de los juzgados, se estarían manteniendo empresas “zombie” que no están generando actividad. Además, sustraer recursos a otras compañías que sí pueden recuperarse arrastra a estas también a concurso.

De las PYME que no han solicitado todavía operaciones avaladas por ICO o que no se lo concedieron, 214.000 precisan ya acceder a financiación para asegurar su futuro. El  barómetro gA de noviembre confirmó que en la actualidad, el 6% de las PYME no están siendo capaces de afrontar sus compromisos de pago.

Debe afrontarse como la última opción, pero es una clara solución que, organizada con tiempo, da la posibilidad a muchas empresas de recuperar su viabilidad. A veces los préstamos no son la solución a las deudas a las que se enfrentan muchas compañías. Estas solo consiguen hacer más grande la deuda y alargar lo inevitable, convertirte en una empresa «zombie», fantasma. Esta situación de insolvencia agobia a millones de empresas que no encuentran ninguna salida y terminan poniendo fin a su actividad. Todo ello sin ser conscientes de las consecuencias que tiene no realizar este proceso de forma progresiva y ordenada.

¿Cómo evitar que el concurso de acreedores acabe en liquidación de la empresa? Es necesario que el empresario sepa reconocer si los objetivos de la compañía y su funcionamiento no está yendo según lo esperado. Así como dejar de acumular deuda o seguir invirtiendo sin obtener beneficios.

Las 4 ventajas del concurso de acreedores para las empresas:

1. Es un proceso flexible que otorgo a la empresa la posibilidad de seguir existiendo, manteniendo su actividad y empleados. A través del concurso la compañía puede conseguir una refinanciación gratuita y sin intereses de la deuda total y de hasta cinco años.

2. Es un procedimiento al alcance de todo tipo de empresas con previsiones de insolvencia, tanto pequeñas, como medianas y grandes.

3. Si es el propio deudor quien solicita el concurso, este podrá conservar sus facultades de administración y no está obligado a hacerse cargo de las deudas con su patrimonio personal, aunque deberá contar con la aprobación del administrador concursal.

4. Gracias al concurso la organización puede conseguir reducciones de hasta el 50% en sus deudas, mejorando así su liquidez y reduciendo su endeudamiento. Además, posibilita la paralización y aplazamiento de los embargos durante un tiempo y las acciones judiciales sin generar interés durante un año.

La campaña de la Renta 2021 comienza este 7 de abril. Sin embargo, este año estará marcada por la pandemia y la crisis económica. Una de las grandes novedades está relacionada con los ERTE realizados a millones de trabajadores durante el pasado año. Ahora tendrán que ver cómo afecta a la tributación y que efecto tendrá en la declaración de este año.

Para los más previsores ya es posible consultar los datos fiscales en el programa Renta Web y en la app de la Agencia Tributaria. Serán muchos contribuyentes los que tendrán que declarar sus nuevas situaciones derivadas de la pandemia de la Covid-19. Es el caso de los trabajadores afectados por los ERTES o los autónomos que hayan recibido ayudas directas habilitadas por el Gobierno.

Fueron muchos quienes se vieron afectados a lo largo del año pasado por un ERTE total, de suspensión o parcial. Aunque estas prestaciones son abonadas por el SEPE, se consideran rendimientos del trabajo y figuran como otro pagador en la declaración anual de la renta.

Según la normativa de la declaración del IRPF, quienes no obtengan rendimientos del trabajo superiores a 22.000 euros anuales no tendrán obligación de declararlo. Sin embargo, este límite es de 14.000 euros si el contribuyente tiene más de un pagador y los rendimientos percibidos del segundo y restantes pagadores superan los 1.500 euros. Por tanto, quienes hayan cobrado más de dicha cantidad del SEPE como consecuencia de un ERTE y cuyos rendimientos del trabajo superen los 14.000 euros se verán obligados a presentar la declaración del IRPF aunque no hayan superado los 22.000 euros.

Subvenciones recibidas en 2020

Las subvenciones o ayudas recibidas para paliar los efectos de la crisis sanitaria tendrán que declararse. Un ejemplo son las recibidas para las actividades de los autónomos, el ingreso mínimo vital,¡ o el Plan Renove para la adquisición de vehículos. Así como las subvenciones del Plan Estatal de Vivienda y otras de las Comunidades Autónomas, los préstamos subvencionados de la IDAE, las subvenciones a salas de cine, o las ayudas del Fondo Covid-19 distribuidas por las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla.

Deducciones por maternidad

Otra de las consecuencias derivadas de los ERTE repercutirá en las mujeres trabajadoras con hijos menores de tres años a su cargo. Estas madres tienen derecho a una deducción de 100 euros mensuales por cada hijo menor de tres años siempre y cuando esté dada de alta en la Seguridad Social o mutualidad. Sin embargo, si se ha visto afectada por un ERTE deja de cumplir el requisito exigido para poder aplicar dicha deducción. De este modo pierde este derecho durante el tiempo que se haya encontrado en esta situación.

Ingreso mínimo vital

Aprobado el pasado mes de mayo, esta nueva prestación también tendrá implicaciones en la declaración de la renta de todos aquellos que la reciban.

Según lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto los perceptores de esta prestación deberán declararlo en los ejercicios en los que esta se perciba. Según advirtió el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, esta obligación puede provocar ciertas complicaciones a sectores de la población que están poco acostumbrados a efectuar estos trámites. Además, pueden provocar algunos desajustes, como que alguno de sus miembros perciba más de 1.800 euros al año y no puedan deducirse otras cantidades por descendientes o ascendientes.

Otras novedades

Rentas inmobiliarias

El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda recuerda quela ley del IRPF establece la imputación de rentas inmobiliarias, excluyendo la residencia habitual. Por tanto, aunque no se haya podido disfrutar de esta, la imputación de ingresos no se altera por el confinamiento del contribuyente.

Aportaciones a planes de pensiones

Este apartado también incluye novedades en lo relativo a las aportaciones mensuales que se puedan hacer procedentes de diferentes medios. Las aportaciones personales a estos planes no podrán superar los 2.000 euros ni exceder los 8.000 si proceden de aportaciones de empresas. En cualquier caso, no podrán exceder los 10.000 euros. También se reducen las aportaciones que puede hacer un cónyuge (hasta 1.000 euros al año) o las de los seguros privados de dependencia. Hasta 2.000 euros en este último caso.

Traslado de datos de los libros de registro

Quienes tengan que llevar un libro de registro del IRPF podrán trasladar los datos en su declaración para que sea más fácil su cumplimentación. No obstante, para que sea posible los formatos de estos libros deberán estar homologados por la Agencia Tributaria.

Nuevos tramos de gravamen en la renta general y renta del ahorro

El 1 de enero de este año entró en vigor la modificación de la escala. Se añadía un nuevo tramo de gravamen estatal sobre la renta general para la base liquidable que exceda los 300.000 euros. Así se aplicaba un tipo del 24,5%.

Desde esa misma fecha también, en las rentas del ahorro se modifica la escala para determinar la cuota íntegra estatal. Además, se incorpora un nuevo tramo para la base liquidable de ahorro que exceda los 200.000 euros, aplicándose un tipo del 13%.

¿Cuánto deberías pagar o cobrar a familiares o terceros si quieres comprar o vender las acciones de tu negocio? ¿Cómo actuarías si mañana alguien te ofrece una suma importante de dinero por tu compañía? ¿Cómo saber si su valor de mercado es justo y razonable para tu empresa familiar? Estas preguntas nos demuestran la importancia de que las empresas familiares cuenten con un marco de referencia para poder tomar una decisión. Este marco debe constituirse en base a criterios y métodos de valuación sugeridos por la administración y en común acuerdo por los accionistas.

El principal motivo por las que las empresas familiares no sobreviven a cambios generacionales es la diferencia de intereses, compromiso y visión entre padres e hijos. Cuando el fundador se retira de la empresa que vio nacer y crecer, suelen buscar ceder a sus hijos la propiedad y dirección de la misma.
Sin embargo, no todos los hijos están interesados en involucrarse en la inversión, la dirección, la operación y la continuidad del negocio. Es en estos casos cuando deciden vender su participación. ¿Qué ocurre si unos hijos quieren quedarse, pero otros no? ¿Cuánto valen esas acciones? ¿Quién decide cuánto deben valer? ¿Cuál es el valor justo de una empresa familiar? Este es un reto más al que se suman las empresas familiares año tras año.

Tener acciones de una empresa familiar implica contar con unos elementos intangibles y complicados de medir solo con parámetros técnicos. Hay un factor de propiedad socioemocional que no está presente en las reglas de valuación del mercado de capitales.

¿Cómo hacer una medición objetiva del valor que tiene una empresa familiar?

Este tipo de negociaciones siempre existirán, pero la fricción que genera entre ambas partes puede disminuir si se procede con el protocolo familiar. Con ayuda de criterios definidos y métodos objetivos de valuación de acciones se puede desarrollar un proceso justo y favorable para todos.

Sin embargo, ¿qué ocurre cuando ninguno de los herederos tiene intención de seguir en el negocio? Lo ideal para protegerse es crear métodos de valuación aceptados por todas las partes, o bien preestablecidos por el fundador. El objetivo es fijar un valor de referencia que pueda ser utilizado para ofrecer la empresa a un tercero.

Si todo se encuentra documentado y previamente pactado por las partes interesadas, se evitarán inconvenientes y disputas familiares. El fin principal de incluir una metodología de traspaso de la propiedad en el protocolo familiar es ayudar a que un miembro de la familia pueda traspasar su parte del negocio a otro familiar, o a un tercero independiente, de manera transparente y evitando conflictos innecesarios.

Para iniciar dicho proceso de traspaso, es importante reunir a los miembros del Consejo de Familia de la primera generación y se les comuniquen las intenciones del líder fundador en cuanto a este proceso. a continuación, deberán presentárseles ideas y opciones para resolver este tema. Lo normal es darle la oportunidad al miembro de la familia que desee vender su participación para que presente una oferta que después valorará el Consejo de Familia. Es recomendable darle prioridad para la compra a los accionistas actuales u otros miembros de la familia. Es una forma de asegurarse de que el patrimonio continúe en la familia, la que normalmente comparte la misma visión y valores.

La empresa familiar en España se consolida, año tras año, como el principal activo de la economía española. Se estima que 1,1 millones de empresas son familiares en España, el 89% sobre el total de las empresas. Sus características naturalizadas en la visión compartida por una familia empresaria convierten a este tipo de organizaciones en el mayor generador de empleo en España. De hecho, a día de hoy crean el 67% del empleo privado, con un total de más de 6,58 millones de puestos de trabajo. En consecuencia, son responsables del 57,1 del PIB del sector privado.

No obstante, en el último año la empresa familiar ha tenido que hacer frente a distintos imprevistos para poder seguir manteniendo su actividad. Se han tenido que mover a golpe de actualidad y en un contexto de incertidumbre que sigue protagonizando los titulares.

En este sentido, dada nuestra trayectoria en la gestión de empresas familiares, desde Confianz vemos necesario analizar los cinco factores que garantizan el éxito de una compañía de estas características.

Planificar con antelación la sucesión.

Una de las principales características que definen a una empresa familiar es carácter intergeneracional. En este sentido, la correcta transmisión de la empresa a la siguiente generación es un símbolo de visión a largo plazo y lo que garantiza la continuación del negocio.

Por tanto, y para que esta sucesión sea efectiva, es necesario contar con una planificación temprana. Igualmente,  deberemos ser claros en la comprensión de las expectativas y tener en cuenta la perspectiva de cada una de las generaciones. Descuidar este aspecto es un error que puede conllevar consecuencias graves en el futuro. No obstante, aquellas compañías que cuentan con un asesor externo tienen la ventaja de incorporar una visión experta y neutral. Esto les ayudará a planificar correctamente la sucesión.

Conservar el espíritu familiar emprendedor.

El emprendimiento es la base sobre la que se sustentan las empresas familiares. De hecho, el carácter emprendedor es totalmente intrínseco a las empresas de esta tipología. Y esta es la característica principal que ha de mantenerse de forma inherente a la compañía, sea cual sea su tamaño.

Contar con un espíritu emprendedor hace que una empresa se centre en los resultados y la confianza en sí misma para conseguirlos. Igualmente, se traduce en una estructura lo suficientemente ágil para adaptarse a los cambios. Una característica muy útil en los últimos meses dada la situación de crisis sanitaria. De hecho, es la estabilidad y afán de superación de estas empresas, lo que ha permitido su supervivencia durante el confinamiento.

Ser ágiles en la toma de decisiones.

Por norma general, la empresa familiar suele contar con una dirección bastante eficiente y eficaz a la hora de tomar decisiones.  Este tipo de responsabilidades suelen recaer sobre los miembros de la propia familia que dirige la compañía de forma rápida. De hecho, es una de las características más relacionadas con el espíritu emprendedor que las define.

En momentos clave, como el que hemos vivido en el último año, el hecho de tomar resoluciones rápidas y llevarlas a cabo de forma inmediata es lo que ha permitido a estas empresas adaptarse para garantizar su continuidad. Por otro lado, en términos de crecimiento, este solo es posible asegurando que se mantiene un sistema rápido de toma de decisiones.

Reinvertir los beneficios en la propia empresa.

Una de las características de las empresas familiares en España es que suelen reinvertir los beneficios en lugar de repartir dividendos. De hecho, destinar estos beneficios en pro de la compañía es lo que permite que una empresa familiar siga creciendo. ¿En qué se deben invertir las ganancias? Nuevos proyectos, innovación y digitalización de la empresa, formación interna, sostenibilidad… aspectos fundamentales que permitan a la organización seguir siendo competitiva en el mercado.

Contar con partners externos.

Las pymes familiares necesitan apoyarse en partners para crecer. Si cuentan con un proyecto ambicioso, una estructura limitada a un pequeño tamaño no permitirá afrontar proyectos de gran envergadura. Por ejemplo, el salto a nuevos mercados, el lanzamiento de nuevos productos o la apertura de nuevos centros de venta. Por tanto, la empresa debe estar abierta a colaborar con otras compañías o entidades para lograr la consecución de sus objetivos.