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Autor: Confianz

  • Así afecta la nueva Directiva sobre diligencia debida a las pymes que trabajan con grandes empresas

    La Directiva europea sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad entró en vigor el pasado 26 de agosto. Y aunque la aplicación comenzará para las grandes empresas a partir de 2026, no solo estas grandes empresas deberán adaptarse a las nuevas exigencias legales. Indirectamente, también se verán muy afectadas las pymes que operan con ellas.

    La cadena de actividades

    La clave se encuentra en el concepto de “cadena de actividades”. Según el texto de la Directiva, las grandes empresas también deberán llevar a cabo al menos cada año evaluaciones de sus filiales y cadenas de valor de manera integral, tanto en sentido ascendente como descendente. Esto es:

    • En sentido ascendente, los socios comerciales dedicados a la producción de bienes o la prestación de servicios. Esto incluye actividades como el diseño, la extracción, el aprovisionamiento, la fabricación, el transporte, el almacenamiento y el suministro de materias primas, productos o partes de los productos y el desarrollo del producto o del servicio.
    • En sentido descendente, los socios comerciales que realizan actividades relacionadas con la distribución, el transporte y el almacenamiento del producto.

    La Directiva exige a todas las grandes empresas la responsabilidad de garantizar la sostenibilidad en cada uno de estos eslabones. No basta con la verificación de las prácticas dentro de la propia empresa. También es obligatoria una supervisión rigurosa de toda la red de relaciones comerciales, tanto los proveedores directos como los proveedores indirectos que, aunque no interactúan directamente con la empresa, contribuyen con insumos o servicios críticos.

    Qué socios comerciales no se ven afectados por la Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad

    Por el contrario, quedan exentos del concepto de cadena de actividades: los socios comerciales dedicados a la eliminación del producto y a la distribución, el transporte, el almacenamiento y la eliminación de un producto sujeto al control de las exportaciones de un Estado miembro o al control de las exportaciones de armas, municiones o material de guerra.

    Obligaciones de las pymes que formen parte de la cadena de actividades

    En general, la nueva Directiva se aplica directamente a empresas con más de 500 empleados y un volumen de negocios neto mundial de más de 150 millones de euros. En ciertos sectores de alto riesgo los límites se reducen a 250 empleados y 40 millones de euros. 

    Por lo tanto, en teoría, las pymes quedan fuera de esta obligatoriedad directa. En la práctica, todas las empresas que formen parte de la cadena de actividades de una gran empresa deberán hacer frente a obligaciones indirectas. Por ejemplo, contar con planes medioambientales y de respeto a los derechos humanos y a realizar auditorías y reportes. Independientemente de que sean pymes o no. El motivo es que las grandes empresas afectadas por la Directiva les exigirán que cumplan determinadas normas para no infringir, ellas mismas, los requisitos impuestos. 

    Ayudas a la financiación

    Adaptarse a estos nuevos requisitos tendrá sin duda un coste en tiempo y dinero para las pymes. Las pymes que dan servicio a grandes empresas deberán invertir en nuevas tecnologías, formación y servicios de consultoría para cumplir con las exigencias de la Directiva de diligencia debida en materia de sostenibilidad. La buena noticia es que la UE y los gobiernos nacionales podrán ofrecer programas de apoyo y financiación para mitigar algunos de los costes.

    Además, cumplir con los estándares de sostenibilidad puede mejorar la competitividad y  abrir nuevas oportunidades de negocio para las pymes, ya que las hará más atractivas para las grandes empresas que necesitan cumplir con la Directiva. En Confianz podemos asesorar a tu pyme a cumplir estos requisitos.

  • Hacienda afronta devoluciones millonarias por dificultar la fiscalidad de las fusiones

    Hacienda podría tener que devolver millones de euros a muchas empresas por dificultar la fiscalidad en el régimen especial de fusiones, adquisiciones y escisiones, más conocido como régimen FEAC. La posibilidad es muy real, porque en la actualidad tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como el Tribunal Supremo (TS) analizan si la normativa española es acorde a la Directiva europea.

    El régimen FEAC actual

    La irregularidad se encontraría específicamente en el régimen especial para escisiones, que dificultaría el diferimiento fiscal. Según la norma española, cuando una compañía se extingue y se divide en dos nuevas empresas en las que los socios no participan en la misma proporción, es obligatorio tributar en el momento de la creación de las nuevas sociedades. La Hacienda Pública no permite en estos casos diferir la tributación para más adelante, en el momento cuando se vendan las participaciones. La única excepción a esta norma se produce cuando los activos adquiridos son ramas de actividad diferenciadas.

    Esta es una norma muy perjudicial para las empresas escindidas, que normalmente no planean vender. Porque muchas de estas reestructuraciones tienen como objetivo precisamente favorecer el relevo generacional.

    La posición de la Comisión Europea y el Tribunal Supremo

    La Comisión Europea considera que la norma española va en contra de la Directiva europea porque establece condiciones restrictivas en lugar de facilitar estas operaciones. Por este motivo, tras una carta de emplazamiento emitida en 2019 y un dictamen motivado en 2023, ha llevado a España ante el TJUE. 

    Por su parte, el Tribunal Supremo también ha estimado en un auto del 10 de abril un recurso para determinar si es conforme a derecho europeo que en las escisiones donde los socios no se quedan con la misma proporción de participaciones solo se les difiera el pago de impuesto si el patrimonio adquirido supone una rama de actividad diferenciada. 

    Nos encontramos así pues en una situación de impasse. Lo más probable es que el Tribunal Supremo no realice su resolución hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie. 

    Qué hacer ahora

    La recomendación de Confianz para las empresas que se encuentran en esta circunstancia es pagar a Hacienda y recurrir inmediatamente la liquidación. Permaneceremos después a la espera del pronunciamiento del TJUE y el Tribunal Supremo. Si los tribunales concluyen que la norma española no es acorde a la europea, todas aquellas empresas que hayan pedido la devolución y tengan aún abierto el caso podrán recibir lo que han pagado. A esta cifra habrá que añadir los intereses de demora del 4%. 

    También están a tiempo de reclamar las empresas escindidas que hayan pagado hace menos de cuatro años. 

    Hacienda ya tiene que devolver más de 11.200 millones de euros

    Las más que probables sentencias en contra del régimen FEAC se sumarían a la ristra de varapalos judiciales que acumula la Agencia Tributaria en los últimos tiempos. Según estimaciones del propio Ministerio, Hacienda ya se enfrenta a la devolución de más de 11.200 millones de euros por los últimos fallos adversos. La mayoría de ellos afectan a empresas. Los dos más importantes son:

    • El Tribunal Constitucional tumbó en enero el Real Decreto-ley de 2016 que endureció el Impuesto de Sociedades
    • El TJUE declaró en mayo ilegal el suplemento al Impuesto de Hidrocarburos aplicado por las comunidades autónomas entre 2013 y 2018.

    Si tu compañía se encuentra en alguna de estas situaciones, en Confianz te asesoramos para que puedas recuperar lo pagado más los correspondientes intereses de demora. 

  • Treasury faces millions in refunds for making merger taxation more difficult

    The Treasury could have to refund millions of euros to many companies for making taxation difficult in the special regime for mergers, acquisitions and spin-offs, better known as the FEAC regime. The possibility is very real, because both the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the Supreme Court (SC) are currently analysing whether the Spanish regulations are in line with the European Directive.

    The current FEAC regime

    The irregularity would be found specifically in the special regime for spin-offs, which would make tax deferral difficult. According to Spanish law, when a company is extinguished and split into two new companies in which the partners do not participate in the same proportion, it is obligatory to pay tax at the time of the creation of the new companies. The tax authorities do not allow in such cases to defer taxation to a later point in time, when the shares are sold. The only exception to this rule is when the assets acquired are separate branches of activity.

    This is a very damaging rule for spin-off companies, which normally do not plan to sell. Because many of these restructurings are aimed precisely at promoting generational change.

    The position of the European Comission and the Supreme Court

    The European Commission considers that the Spanish rule goes against the European Directive because it establishes restrictive conditions instead of facilitating these operations. For this reason, following a letter of formal notice issued in 2019 and a reasoned opinion in 2023, it has referred Spain to the CJEU.

    Meanwhile, the Supreme Court has also upheld in an order of 10 April an appeal to determine whether it is in accordance with European law that in spin-offs where the partners do not hold the same proportion of shares, tax is only deferred if the assets acquired represent a distinct branch of activity.

    We are therefore at an impasse. It is most likely that the Supreme Court will not make its decision until the Court of Justice of the European Union has ruled.

    What to do now

    Confianz’s recommendation for companies that find themselves in this circumstance is to pay the tax authorities and immediately appeal the tax assessment. We will then await the pronouncement of the CJEU and the Supreme Court. If the courts conclude that the Spanish rule is not in line with the European rule, all those companies that have asked for a refund and still have the case open will be able to receive what they have paid. To this figure will have to be added interest for late payment of 4%.

    Spin-off companies that have paid less than four years ago are also in time to claim.

    The Treasury already has to pay back more than 11.2 billion euros

    The more than likely rulings against the FEAC scheme would add to the string of judicial setbacks that the Tax Agency has accumulated in recent times. According to the Ministry’s own estimates, the Treasury is already facing the return of more than 11.2 billion euros as a result of the latest adverse rulings. Most of them affect companies. The two most important are:

    • In January, the Constitutional Court overturned the 2016 Royal Decree-Law that tightened corporate income tax.
    • In May, the CJEU declared illegal the supplement to the Hydrocarbon Tax applied by the autonomous communities between 2013 and 2018.

    If your company is in any of these situations, Confianz will advise you so that you can recover the amount paid plus the corresponding interest for late payment.

  • Un error en la Ley de Paridad abre la puerta a los despidos de quienes soliciten un cambio en su jornada laboral

    Un error técnico en la redacción de la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, conocida como Ley de Paridad, permite ahora a las empresas despedir a los trabajadores que hayan solicitado una jornada adaptada o permisos por conciliación familiar. Veamos cuál es la situación.

    Cuándo entra en vigor la Ley de Paridad

    Mañana, 22 de agosto de 2024, entrará en vigor la Ley de Paridad. El objetivo de la Ley Orgánica 2/2024 de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres es garantizar la igualdad de género en diversos ámbitos, incluyendo el laboral. Con esta última finalidad establece una serie de modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores, la principal ley laboral de España. 

    Qué dice la nueva Ley Orgánica 2/2024

    Según lo ha reconocido el propio Ministerio de Igualdad, impulsor de la norma, un error técnico en la redacción de la Ley podría permitir a las empresas despedir a los trabajadores que soliciten cambios en su jornada laboral o permisos por conciliación familiar. Por ejemplo, la Ley de Paridad otorga potestad a las empresas para despedir a los trabajadores que soliciten el permiso de cinco días para cuidar de familiares enfermos. 

    Dónde está el error

    El error se debe a una omisión en las protecciones que hasta ahora blindaban frente a despidos a los trabajadores que se encontraban en estas situaciones. Con el objeto de incluir en el articulado del Estatuto de los Trabajadores a las trabajadoras víctimas de la violencia de género, se han incorporado cambios sobre una versión obsoleta de la norma, previa a la modificación que operó en el Real Decreto Ley 5/2023 que entró en vigor el pasado año.

    Desde la aprobación del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, y hasta ahora, los despidos relacionados con la solicitud de permisos o cambios en la jornada laboral por conciliación familiar eran considerados nulos. Estos trabajadores han gozado de una especial protección y, como consecuencia, debían ser reincorporado inmediatamente. Además, la empresa debía abonarles los salarios no pagados en el período comprendido entre el despido ilegal y la sentencia.

    Sin embargo, con la nueva Ley de Paridad estos despidos pasan a ser calificados como improcedentes. Con esta calificación, la empresa es libre de despedir al trabajador y no está obligada a readmitirlo. Tan solo debe pagar una indemnización de 33 días de salario por año trabajado hasta una cantidad máxima equivalente a dos años de sueldo.

    Qué pasará a partir de ahora

    El Ministerio de Trabajo se ha comprometido a subsanar el fallo lo antes posible, aunque no ha dado una fecha concreta. Porque este cambio requiere un proceso que no puede ser inmediato. Necesariamente tiene que ser aprobado tanto en el Congreso como en el Senado. El Consejo de Ministros no comenzará a trabajar de nuevo hasta el próximo 27 de agosto, cinco días después de que entre en vigor el cambio en el Estatuto de los trabajadores. Por lo tanto, como mínimo habrá que esperar algunas semanas para que se produzca esta rectificación.

    A la espera de que se subsane el texto, durante las próximas semanas las empresas tendrán la capacidad de despedir a los trabajadores que soliciten cambios en su jornada laboral o permisos de conciliación. Tanto empleados como empleadores se encuentran en una situación de incertidumbre que esperemos se solucione rápidamente. Desde el servicio de asesoría laboral de Confianz, permaneceremos atentos a las novedades para asesorar a las empresas que confían en nosotros. ¿Quieres ser una de ellas? Te esperamos.

  • An error in the Parity Law opens the door to dismissals for those who request a change in their working hours

    A technical error in the wording of Organic Law 2/2024, of 1 August, on equal representation and balanced presence of women and men, known as the Parity Law, now allows companies to dismiss workers who have requested an adapted working day or leave for family reconciliation. Let’s see what the situation is.

    When does the Parity Law come into force

    Tomorrow, 22 August 2024, the Parity Law will enter into force. The aim of Organic Law 2/2024 on equal representation and balanced presence of women and men is to guarantee gender equality in various areas, including the labour market. To this end, it establishes a series of amendments to the Workers’ Statute, Spain’s main labour law.

    What does the new Organic Law 2Qué dice la nueva Ley Orgánica 2/2024 say

    As recognised by the Ministry of Equality itself, the promoter of the law, a technical error in the wording of the law could allow companies to dismiss workers who request changes in their working day or leave for family reconciliation. For example, the Parity Law gives companies the power to dismiss workers who request five days’ leave to care for sick family members.

    Where is the error

    The error is due to an omission in the protections that until now shielded workers in these situations from dismissal. In order to include female workers who are victims of gender-based violence in the articles of the Workers’ Statute, changes have been made to an obsolete version of the law, prior to the modification that took place in Royal Decree Law 5/2023, which came into force last year.

    Since the approval of Royal Decree-Law 5/2023, of 28 June, and until now, dismissals related to requests for leave or changes in the working day due to family reconciliation were considered null and void. These workers have enjoyed special protection and, as a result, should be reinstated immediately. In addition, the company had to pay them the unpaid wages in the period between the illegal dismissal and the judgement.

    However, with the new Parity Law, these dismissals are now classified as unfair. With this classification, the company is free to dismiss the worker and is not obliged to reinstate him/her. It only has to pay compensation of 33 days’ salary per year worked up to a maximum amount equivalent to two years’ salary.

    What happens next

    The Ministry of Labour has committed itself to rectify the failure as soon as possible, although it has not given a specific date. Because this change requires a process that cannot be immediate. It must necessarily be approved by both Congress and the Senate. The Council of Ministers will not start work again until 27 August, five days after the change in the Workers’ Statute comes into force. Therefore, at least a few weeks will have to wait for this rectification to take place.

    Pending the text being rectified, over the next few weeks companies will have the ability to dismiss workers who request changes to their working hours or work-life balance leave. Both employees and employers find themselves in a situation of uncertainty that will hopefully be resolved quickly. From the labour consultancy service of Confianz, we will remain attentive to the news to advise the companies that trust us. Do you want to be one of them? We are waiting for you.

  • Directiva de Ciberseguridad NIS2: cómo afecta a las empresas

    La Directiva sobre Seguridad de las Redes y los Sistemas Informáticos NIS2 de la Unión Europea crea un nuevo estándar de ciberseguridad corporativa. Esto es, sobre medidas de ciberseguridad para garantizar que las redes y los sistemas de información de las empresas se mantengan protegidos frente a las ciberamenazas.

    Qué empresas se ven afectadas

    La nueva Directiva NIS2 afecta a todas las medianas y grandes empresas de los siguientes sectores calificados de esenciales o importantes: energía; transporte; banca; infraestructuras de mercados financieros; sector sanitario; agua potable; aguas residuales; infraestructura digital; gestión de servicios TIC; espacio; servicios postales y de mensajería; gestión de residuos; fabricación, producción y distribución de sustancias y mezclas químicas; producción, transformación y distribución de alimentos; proveedores de servicios digitales; investigación; y fabricación de productos sanitarios, informáticos, electrónicos y ópticos, material eléctrico, maquinaria, vehículos de motor y material de transporte.

    Objetivos de la Directiva de Ciberseguridad NIS2

    La Directiva de Ciberseguridad NIS2 se basa en la anterior Directiva NIS1 aprobada en 2016. Su objetivo final es fortalecer las capacidades de las organizaciones que operan en la UE y que cumplen funciones críticas para la sociedad y la economía. Para ello, se ha propuesto:

    • Reducir las inconsistencias al abordar las amenazas de ciberseguridad;
    • Aumentar la conciencia sobre la ciberseguridad;
    • Mejorar la capacidad de las organizaciones para responder a los incidentes.

    Personas, procesos y tecnología

    Cuando entre en vigor la Directiva NIS2, miles de empresas tendrán que implantar de forma proactiva una serie de medidas en materia de, entre otros: políticas de seguridad de los sistemas de información y análisis de riesgos, gestión de incidentes, gestión de copias de seguridad, gestión de crisis, seguridad de la cadena de suministro, mantenimiento de sistemas de redes y de información, ciberhigiene, formación en ciberseguridad, políticas de control de acceso, etc

    El cumplimiento de la Directiva NIS2 no solo implica al departamento TIC o al CISO (Chief Information Security Officer). Tampoco basta con adquirir nuevas tecnologías que hagan frente a los diberataques. Porque para cumplir con la NIS2 es necesario construir una cultura de seguridad que afecte a toda la organización. Es decir, se trata de que las empresas cuenten con mejores prácticas de ciberseguridad y con una cultura general que llegue a todos y cada uno de los miembros de la organización.

    Por eso cada requisito de la Directiva NIS2 se reparte en tres categorías: personas, procesos y tecnología.

    Personas

    Ofrecer a toda la plantilla formación en ciberseguridad desde su misma entrada en la empresa garantiza que la ciberseguridad sea siempre una prioridad. Pero no hay que limitar esta exigencia a los miembros de la organización. También los socios deben cumplir estos requisitos.

    Procesos

    Los procesos de ciberseguridad deben evolucionar constantemente para adelantarse a los ciberdelincuentes.

    Tecnología

    La empresa debe asegurarse de contar con la tecnología adecuada para defenderse de cualquier amenaza. Por lo tanto, la infraestructura necesaria debe crecer al mismo ritmo que las empresas. Ya que su expansión crea nuevos riesgos, y más elementos que se deben proteger.

    Calendario de aplicación

    Los estados miembros de la UE tienen hasta el 17 de octubre de 2024 para transponer las regulaciones NIS2 a su legislación nacional. Así pues, miles de empresas deberán adoptar este mismo año medidas para aumentar su resiliencia y capacidad de respuesta ante incidentes de ciberseguridad.

    El cumplimiento de la nueva regulación puede suponer un desafío. Sin embargo, las empresas que prioricen la ciberseguridad ahora estarán mucho mejor preparadas para defenderse contra las amenazas de seguridad actuales y emergentes y acelerar su crecimiento. Por otra parte, los costes del incumplimiento de la Directiva podrían ser multas, daños a la reputación y pérdida de clientes.

    Para el cumplimiento de la Directiva NIS2 es necesaria una coordinación total entre  los departamentos de TI, ciberseguridad, gestión de riesgos y legal. Por este motivo te recomendamos que confíes en Confianz para asesorarte en la implantación de esta normativa compleja que puede ser clave para el futuro de tu empresa. 

  • NIS2 Cybersecurity Directive: how it affects businesses

    The European Union’s Network and Information Systems Security Directive NIS2 creates a new standard for corporate cybersecurity. That is, on cybersecurity measures to ensure that companies’ networks and information systems remain protected against cyber threats.

    Which companies are affected

    The new NIS2 Directive affects all medium-sized and large companies in the following sectors classified as essential or important: energy; transport; banking; financial market infrastructures; healthcare; drinking water; waste water; digital infrastructure; ICT service management; space; postal and courier services; waste management; manufacture, production and distribution of chemical substances and mixtures; production, processing and distribution of food; digital service providers; research; and manufacture of medical devices, IT, electronic and optical products, electrical equipment, machinery, motor vehicles and transport equipment.

    Aims of the NIS2 Cybersecurity Directive

    The NIS2 Cybersecurity Directive builds on the previous NIS1 Directive adopted in 2016. Its ultimate goal is to strengthen the capabilities of organisations operating in the EU that perform critical functions for society and the economy. To this end, it has been proposed:

    • Reduce inconsistencies in addressing cyber security threats;
    • Raise awareness of cybersecurity;
    • Improve the ability of organisations to respond to incidents.

    People, processes and technology

    When the NIS2 Directive comes into force, thousands of companies will have to proactively implement a range of measures including: information systems security policies and risk analysis, incident management, backup management, crisis management, supply chain security, maintenance of network and information systems, cyber hygiene, cyber security training, access control policies, etc.

    Compliance with the NIS2 Directive does not only involve the ICT department or the CISO (Chief Information Security Officer). Nor is it enough to acquire new technologies to deal with cyber-attacks. To comply with NIS2, it is necessary to build a security culture that affects the entire organisation. In other words, it is a question of companies having better cybersecurity practices and a general culture that reaches each and every member of the organisation.

    This is why each requirement of the NIS2 Directive is divided into three categories: people, processes and technology.

    Persons

    Providing all staff with cyber security training as soon as they join the company ensures that cyber security is always a priority. But this requirement should not be limited to members of the organisation. Partners must also meet these requirements.

    Processes

    Cybersecurity processes must constantly evolve to stay ahead of cybercriminals.

    Technology

    The company must ensure that it has the right technology to defend itself against any threat. Therefore, the necessary infrastructure must grow at the same pace as the business. For their expansion creates new risks, and more elements to protect.

    Timetable for implementation

    EU member states have until 17 October 2024 to transpose the NIS2 regulations into national law. Thousands of companies will therefore have to adopt measures this year to increase their resilience and capacity to respond to cybersecurity incidents.

    Compliance with the new regulation can be challenging. However, companies that prioritise cyber security now will be much better prepared to defend against current and emerging security threats and accelerate their growth. On the other hand, the costs of non-compliance with the Directive could include fines, reputational damage and loss of customers.

    Compliance with the NIS2 Directive requires full coordination between the IT, cybersecurity, risk management and legal departments. For this reason, we recommend that you trust Confianz to advise you on the implementation of this complex regulation that could be key for the future of your company.

  • What is a Large Company for tax purposes: requirements, obligations and benefits

    For tax purposes, for the Spanish Tax Agency, a Large Company has different rights and obligations than an SME. However, do you know what characteristics a company must meet in order to be considered a Large Company by the tax authorities? If your company is in a growth phase, you will be very interested to know. We explain everything in this article.

    What does the Treasury consider a Large Company to be?

    The Tax Agency considers any company, entrepreneur or professional whose turnover exceeds 6,010,121.04 euros per year to be a Large Company. The change of status is immediate, starting the following year.

    How is the trading volume calculated?

    The volume of transactions refers to the total amount of supplies of goods and services carried out, including those exempt from tax. This includes both transactions carried out during the year and those in which VAT has accrued, if the special cash basis scheme is not applicable.

    On the other hand, this calculation does not include VAT quotas, nor the equivalence surcharge, nor the compensation received by farmers, fishermen and stockbreeders who pay taxes under the Special Regime for agriculture, stockbreeding and fishing. Also excluded are: occasional supplies of immovable property, supplies of investment goods, financial transactions exempt or not from VAT, and exempt transactions relating to investment gold when they are not normal business or professional activity of the company.

    What are the consequences of acquiring Large Company status?

    Acquiring the status of Large Company changes many aspects of taxation. It has implications for the deadlines and ways of filing certain self-assessments, for the calculation of corporate income tax instalments, for the way of keeping record books and for the way of receiving notifications or replying to requests made by the Tax Agency.

    New obligations to the tax authorities

    Immediately, the company that becomes a Large Company must:

    • File form 036 with the Tax Administration online. In this way, it is communicated that the company has become a Large company.
    • File VAT self-assessments (form 303) every month and electronically.
    • Submit the withholding tax forms every month, electronically by means of a recognised electronic certificate, within the first twenty calendar days of each month.
    • Keeping the registry books by means of the electronic supply of invoicing records (SII).
    • Calculate the instalments of corporate income tax according to the method provided for in the law. If the net turnover during the twelve months prior to the date on which the tax period begins has exceeded €6,000,000, these payments must be submitted online by means of a recognised electronic certificate, on form 202, using the calculation method provided for in section 3 of article 40 of the Corporate Income Tax Act.
    • Receive administrative communications and notifications by electronic means.
    • If the company must file any of the following forms of self-assessments and informative declarations, electronic filing via the Internet is obligatory, using a recognised electronic certificate: 038, 156, 159, 165, 170, 171, 179, 180, 181, 182, 184, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 217, 220, 221, 231, 232, 270, 280, 282, 289, 290, 291, 296, 345, 346, 349, 411, 430, 480, 611, 616 y 720.

    At Confianz we help you to properly manage your company in accordance with Spanish tax regulations. Our team is prepared to provide solutions tailored to the specific tax needs of each client.

  • Qué es una Gran Empresa a efectos tributarios: requisitos, obligaciones y beneficios

    A efectos fiscales, para la Agencia Tributaria Española una Gran Empresa tiene diferentes derechos y obligaciones que una PYME. Ahora bien, ¿sabes cuáles son las características que debe cumplir una compañía para ser considerada una Gran Empresa por el fisco? Si tu empresa se encuentra en fase de crecimiento, te interesa mucho saberlo. Te lo explicamos todo en este artículo. 

    ¿Qué considera Hacienda una Gran Empresa?

    La Agencia Tributaria considera Gran Empresa a cualquier empresa, empresario o profesional cuyo volumen de operaciones supere los 6.010.121,04 de euros al año. El cambio de estatus es inmediato, a partir del año siguiente.

    ¿Cómo se calcula el volumen de operaciones?

    El volumen de operaciones se refiere al importe total de las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas, incluyendo aquellas exentas del impuesto. Se incluyen tanto las operaciones realizadas en el ejercicio como aquellas en las que se hubiera producido el devengo del IVA, si no fuera aplicable el régimen especial del criterio de caja.

    Por el contrario, en este cálculo no se incluyen las cuotas del IVA, ni el recargo de equivalencia, ni la compensación percibida por agricultores, pescadores y ganaderos que tributen en el Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca. También se excluyen: las entregas ocasionales de bienes inmuebles, las entregas de bienes de inversión, las operaciones financieras exentas o no del IVA, y las operaciones exentas relativas al oro de inversión cuando no sean habituales de la actividad empresarial o profesional de la empresa.

    ¿Cuáles son las consecuencias de adquirir la condición de Gran Empresa?

    Adquirir la condición de Gran Empresa cambia muchos aspectos tributarios. Tiene implicaciones en los plazos y formas de presentación de determinadas autoliquidaciones, en el cálculo de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades, en la forma de llevar los libros de registros y en la forma de recibir notificaciones o de contestar a los requerimientos efectuados por la Agencia Tributaria.

    Nuevas obligaciones con la Hacienda Pública

    De manera inmediata, la compañía que pasa a ser considerada Gran Empresa debe: 

    • Presentar el modelo 036 ante la Administración Tributaria online. De esta manera se comunica que la empresa ha pasado a tener la condición de Gran empresa.
    • Presentar las autoliquidaciones del IVA (modelo 303) cada mes y de manera telemática. 
    • Presentar los modelos de retenciones cada mes y de manera telemática mediante certificado electrónico reconocido, en los veinte primeros días naturales de cada mes.
    • Llevar los libros registro mediante el suministro electrónico de los registros de facturación (SII).
    • Calcular los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades según la modalidad prevista en la ley. Si el importe neto de la cifra de negocios durante los doce meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo ha superado la cantidad de 6.000.000 €, dichos pagos habrán de presentarse obligatoriamente por Internet mediante certificado electrónico reconocido, en el modelo 202, utilizando la modalidad de cálculo prevista en el apartado 3 del artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 
    • Recibir las comunicaciones y notificaciones administrativas por medios electrónicos.
    • Si la empresa debe presentar alguno de los siguientes modelos de autoliquidaciones y declaraciones informativas, es obligatoria la presentación electrónica por Internet, mediante certificado electrónico reconocido: 038, 156, 159, 165, 170, 171, 179, 180, 181, 182, 184, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 217, 220, 221, 231, 232, 270, 280, 282, 289, 290, 291, 296, 345, 346, 349, 411, 430, 480, 611, 616 y 720.

    En Confianz te ayudamos a gestionar adecuadamente tu empresa de acuerdo con la normativa tributaria española. Nuestro equipo está preparado para brindar soluciones adaptadas a las necesidades fiscales específicas de cada cliente.

  • The new Green Claims Directive will oblige companies to justify any environmental claims

    The new Green Claims Directive will oblige companies to back up their corporate commitment to the environment with data. It will also sanction misleading practices by companies regarding their products and activities. The aim is to crack down on greenwashing. That is, the practice of some companies and brands claiming to be greener and more sustainable than they really are.

    With the new Green Claims Directive it will no longer be enough to appear environmentally friendly, it will also be necessary to prove it. The Green Claims Directive aims to promote corporate transparency of companies through the reporting of environmental, social and sustainability claims that are reliable, comparable and verifiable across the EU. The aim is twofold: not to mislead consumers or stakeholders and to avoid unfair competition practices suffered by companies that do comply with sustainability standards.

    More than 50% of environmental claims are vague, misleading or unfounded

    The inclusion of green claims in advertising, corporate communication and product packaging is widespread in the EU. According to a study by the European Commission, 80% of websites, online shops or advertisements include some kind of environmental claim. According to research by the Observatory of Local Production and Sustainable Consumption, these claims positively influence the purchases of 72% of Spaniards.

    According to the study prior to the proposed directive, more than 50% of environmental claims are vague, misleading or unfounded; almost 40% have no evidence to back them up; and, in the case of the more than 230 green seals that exist at EU level, almost 50% have no verification whatsoever.

    Green Claims: advertising based on carbon offsetting schemes to be banned

    Now, with the Green Claims Directive, green or sustainable claims must be based on a comprehensive study, supported by a full life cycle analysis, considering environmental impacts from the beginning to the end of the products’ life cycle, including impacts on biodiversity, climate, soil and water.

    Member States will appoint verifiers to pre-approve the use of claims such as «biodegradable», «less polluting», «uses less water»… This is to protect purchasers from misleading and ambiguous advertising. Claims, together with supporting evidence, must be examined within 30 days. Member States must ensure that the cost of verification and certification takes into account the complexity of the claim and the size of the companies requesting verification and certification.

    Advertising based exclusively on carbon offset programmes shall be prohibited. Any mention of programmes related to carbon credits must be certified, such as those established under the EU certification framework for carbon offsets.

    The next round of negotiations on this Directive will start after the new EU Parliament is constituted following the elections in June 2024.

    Spanish legislation: over 100,000 euros fine

    The Ministry of Social Rights, Consumption and Agenda 2030, already started in March the processing of a Sustainable Consumption Law. One of its main aims is to firmly fight against greenwashing. Moving forward, the Ministry of Consumer Affairs has already published a Sustainable Communication Guide for businesses entitled: «How to include environmental information in your strategies and campaigns». It provides detailed information on how to identify greenwashing and the relevant legislation. For example: if a company makes unverifiable environmental claims this could be considered an unfair practice in breach of Article 47.1.m of the Royal Legislative Decree 1/2007 and lead to penalties of up to 100,000 euros. Penalties could exceed these amounts, up to four to six times the unlawful benefit obtained by the unfair practice.

    If your company needs advice to ensure compliance with these new regulations, Confianz can help you.