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Categoría: Actualidad

  • Estas son las características del Plan LGTBI obligatorio para empresas con más de 50 empleados

    La Ley 4/2023 establecía el 2 de marzo de 2024 como fecha límite para que todas las empresas con más de 50 empleados tuvieran ya implantado un Plan LGTBI. Sin embargo, el contenido específico de este plan no ha sido concretado hasta ahora, con el desarrollo reglamentario del artículo 15.

    El pasado 26 de junio se firmó un importante acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los Agentes Sociales para la igualdad y la no discriminación del colectivo LGTBI en el ámbito laboral que establece las medidas concretas para implantar el Plan LGTBI. Todavía hay que esperar a la aprobación en el Consejo de Ministros y la publicación en el BOE del texto normativo, pero por fin conocemos los términos que habrá que tener en cuenta para la implantación del Plan LGTBI. Los desglosamos en este artículo.

    ¿Qué empresas están obligadas a tener un Plan LGTBI?

    Están obligadas a tener un plan LGTBI todas las empresas de más de 50 personas trabajadoras. El cálculo se realiza considerando la totalidad de la plantilla de la empresa el último día de los meses de junio y diciembre de cada año, sin importar el tipo de contrato, el número de centros de trabajo o la modalidad de contratación.

    La obligación se mantiene aunque el número de personas trabajadoras descienda por debajo de 50 una vez constituida la comisión negociadora y hasta que concluya la vigencia del plan o, en su defecto, durante cuatro años.

    ¿Qué debe incluir?

    El Plan LGTBI debe incluir un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI.

    Debe incluir de manera específica un protocolo anti-acoso y violencia donde se identifiquen prácticas preventivas y mecanismos de detección del acoso y de actuación frente al mismo.

    Cómo crearlo

    Las medidas incluidas en el Plan LGTBI deben pactarse mediante negociación colectiva y haber sido acordadas con los representantes legales de los trabajadores.

    Primero la comisión negociadora elaborará un informe de situación basado en la documentación proporcionada por la empresa. Esta documentación incluirá, sin excepción, una encuesta de clima laboral sobre los derechos de las personas LGTBI en el trabajo.

    El plan deberá seguir esta estructura:

    • Identificación de las partes involucradas en la negociación.
    • Ámbito personal, territorial y temporal.
    • Objetivos cualitativos y cuantitativos de las medidas planificadas.
    • Descripción de medidas preventivas y reactivas concretas, plazo de ejecución y priorización, así como diseño de indicadores que permitan evaluar su evolución.
    • Calendario de actuaciones para la implantación, seguimiento y evaluación periódica. Identificación de los medios y recursos materiales o humanos necesarios.

    ¿Cuál será la vigencia?

    El período de vigencia del Plan LGTBI no podrá ser superior a 4 años. 

    Sanciones previstas

    La Ley 4/2023 prevé para las personas o empresas que vulneren los derechos del colectivo LGTBI sanciones de entre 200 y 150.000 euros. Además, las compañías que incumplan con su obligación no podrán optar a contratos con la Administración y podrían verse obligadas a cesar su actividad durante tres años.

    En Confianz te ayudamos a implantar tu Plan LGTBI 

    En Confianz te proporcionamos todos los servicios en materia de derecho laboral que requiere tu empresa. Por lo tanto, te ayudamos a crear el Plan LGTBI y te damos las pautas necesarias para implementarlo de forma satisfactoria según la normativa vigente. Para más información, ¡contáctanos!

  • Cómo afrontar un divorcio en la familia empresaria

    En una familia empresaria cualquier divorcio tiene importantes implicaciones empresariales. En este artículo repasamos los distintos escenarios que pueden presentarse y cómo preverlos con antelación.

    Dos divorcios por cada tres matrimonios

    Es un hecho. Las posibilidades de que una pareja acabe separándose son muy altas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en España se producen dos divorcios, separaciones o nulidades por cada tres matrimonios. En 2022 el 20% fueron disoluciones conflictivas, mientras que en el 80% de los casos fueron de mutuo acuerdo. Y hay que tener en cuenta que en estos datos no se tienen en cuenta las parejas de hecho, que a efectos civiles pueden tener las mismas consecuencias que las parejas casadas.

    Por este motivo, en la empresa familiar hay que ser realistas y tener siempre prevista la eventualidad de que se produzca un divorcio en el seno de la familia.

    Qué hacer antes y después de casarse

    ¿Régimen de gananciales o separación de bienes?

    El divorcio se prepara antes de la boda. Porque uno de los factores más importantes a la hora de determinar la suerte de un negocio tras un divorcio es el régimen económico matrimonial aplicable. Los más habituales son:

    • Régimen de separación de bienes. Los patrimonios de ambos cónyuges permanecen separados, aunque afectos a ciertos deberes de protección familiar.
    • Régimen de gananciales. Es el que se aplica por defecto en la mayoría de las Comunidades Autónomas, y complica notablemente las cosas en caso de divorcio. Porque diferencia entre los patrimonios de cada uno de los cónyuges y los del propio matrimonio. A grandes rasgos, cada cónyuge mantiene como privativo lo que tenía antes de casarse. Lo que cualquiera de ellos ganara durante el matrimonio corresponde a la sociedad de gananciales. En caso de separación o divorcio, el patrimonio del matrimonio deberá liquidarse y repartirse a partes iguales.

    Las capitulaciones matrimoniales

    Las capitulaciones matrimoniales permiten a los conyuges regular sus relaciones económicas. Por ejemplo:

    • Régimen económico matrimonial aplicable. En su nivel más básico, las capitulaciones matrimoniales permiten pactar por ejemplo que en lugar del régimen de gananciales se aplique el de separación de bienes.
    • Adjudicación referencial matrimonial. Permite anticipar el reparto de bienes en caso de divorcio. Por ejemplo, es posible determinar que uno de los cónyuges conserve la empresa a cambio de una compensación económica defininda.
    • Trascendencia sucesoria. Permite anticipar las mejoras de la herencia. Por ejemplo, reservando una participación más elevada en la empresa a uno o varios de los hijos.

    Es importante destacar que las capitulaciones pueden otorgarse antes del matrimonio, pero también en cualquier momento mientras éste siga vigente. Son especialmente recomendables cuando el matrimonio va a entrar en un negocio común o si alguno de los cónyuges tiene un proyecto empresarial.

    El protocolo familiar

    Los protocolos familiares son pactos aplicables a las empresas familiares, útiles para regular el funcionamiento a nivel interno. Por ejemplo, pueden definir con detalle el proceso de sucesión generacional, requisitos para entrar o salir de la sociedad, la cultura empresarial…

    El objetivo último de los protocolos familiares es aportar estabilidad a la empresa familiar. Por este motivo también son clave para evitar parte de la conflictividad ante una separación o divorcio. 

    Otras cautelas

    Incluso en los matrimonios en régimen de gananciales, uno de los cónyuges puede aportar fondos al negocio familiar reservándose un derecho de reembolso o declarando expresamente su carácter privativo. En caso contrario, se considerará una aportación ganancial y será difícil probar su carácter privativo en caso de divorcio.

    De cualquier modo, siempre hay que analizar cada caso y las circunstancias de cada empresa, matrimonio y persona por separado. Para evitar que la empresa familiar se vea afectada directamente por la ruptura matrimonial es clave solicitar asesoramiento legal especializado antes de mezclar familia y negocios.

  • Qué son y para qué sirven las cláusulas MAC en las operaciones de M&A

    Las cláusulas MAC son una figura jurídica cuyo objeto consiste en cubrir a las partes de un contrato frente al riesgo de que se produzca un cambio material adverso que pueda frustrar la finalidad del contrato o privarle de sentido. De hecho sus siglas corresponden a la expresión inglesa “material adverse change”, o “cambio material adverso”. 

    La inclusión de las cláusulas MAC es común en diferentes tipos de contratos: operaciones de financiación, contratos de arrendamiento, contratos de suministro. Sin embargo, en este artículo nos vamos a centrar en su utilidad dentro de las operaciones de M&A. 

    Una cláusula contra los cambios circunstanciales negativos

    Las cláusulas MAC provienen del derecho anglosajón. Se incluyen en los contratos de fusiones y adquisiciones para condicionar la realización de la operación o transacción a que no se produzcan determinados hechos o circunstancias negativos y relevantes, que supongan un cambio sustancial respecto de la situación existente en el momento de la firma del contrato. Un ejemplo clásico sería la pérdida drástica y sobrevenida de valor de la empresa target en el marco de una operación de compraventa de acciones.

    Existen diversas posibilidades. Lo más común es que las cláusulas MAC otorguen a una de las partes el derecho a resolver el contrato en caso de que se produzca el cambio material adverso a sus intereses. Pero una cláusula MAC también puede otorgar simplemente el derecho a la modificación de los términos contractuales iniciales. O actuar como una cláusula suspensiva de tal forma que la operación nunca llegue a consumarse.

    Cuándo incluir cláusulas MAC en las fusiones y adquisiciones

    Las cláusulas MAC son especialmente recomendables cuando existe un diferimiento temporal largo entre la firma del contrato (perfeccionamiento) y el cierre de la operación (consumación). Esta demora puede deberse a que falte un consentimiento necesario o que la parte compradora esté a la espera de lograr la financiación necesaria.

    En estos casos, las cláusulas MAC sirven para asegurar al comprador una salida contractual sin incurrir en incumplimiento contractual. Porque contra más tiempo pase entre el perfeccionamiento y la consumación, mayores son las posibilidades de que se produzcan imprevistos que frustren el negocio.

    Incluso aunque no exista un gran diferimiento temporal. La inclusión de cláusulas MAC también es recomendable en cualquier contrato de naturaleza compleja. También en aquellos que se enmarcan en mercados volátiles o de gran incertidumbre.

    Las limitaciones de la doctrina rebus sic stantigus

    Las cláusulas MAC comparten rasgos similares con la denominada doctrina rebus sic stantibus. Ésta es una figura que aplica cuando, ante circunstancias imprevisibles y no imputables a ninguna de las partes, se produce una ruptura o una desproporción absoluta del equilibrio que provoca que el cumplimiento del contrato en las condiciones pactadas inicialmente sea excesivamente gravoso para una de ellas.

    Sin embargo, tradicionalmente los Tribunales españoles han aplicado de forma extremadamente restrictiva la doctrina jurisprudencial rebus sic stantibus. Por este motivo, la suscripción de una cláusula MAC es siempre la mejor alternativa. Porque constituye un pacto contractual expreso y vinculante para las partes.

    Cómo redactar una cláusula MAC

    Para dotar a las cláusulas MAC de la máxima seguridad jurídica y evitar litigios en torno a su interpretación es esencial definir con el máximo detalle qué circunstancias van a considerarse como sustanciales o materiales. Por este motivo es esencial contar con un equipo de abogados expertos en la negociación y redacción de contratos de M&A capaz de prever todas las posibilidades que pueden darse en cada caso sin dejar ningún cabo suelto. 

  • La nueva directiva Green Claims obligará a las empresas a justificar cualquier alegación medioambiental

    La nueva directiva Green Claims obligará a las empresas a respaldar con datos su compromiso corporativo con el medio ambiente. También sancionará las prácticas engañosas de las compañías en lo que respecta a sus productos y actividades. El objetivo es acabar con el greenwashing, que algunos han traducido como ecoblanqueo. Esto es, la práctica de algunas empresas y marcas que dicen ser más ecológicas y sostenibles de lo que en realidad son.

    Con la nueva Green Claims Directive ya no solo bastará con parecer respetuoso con el medioambiente, también habrá que demostrarlo. La directiva sobre alegaciones verdes busca fomentar la transparencia corporativa de las compañías a través del reporte de afirmaciones medioambientales, sociales y de sostenibilidad que sean fiables, comparables y verificables en toda la UE. El objetivo es doble: no engañar a los consumidores o stakeholders y evitar las prácticas de competencia desleal que sufren aquellas empresas que sí cumplen con los estándares de sostenibilidad.

    Más del 50% de las declaraciones medioambientales son vagas, engañosas o infundadas

    La inclusión de alegaciones verdes en la publicidad, comunicación corporativa y packaging de productos está muy extendida en la UE. Según un estudio de la Comisión Europea, el 80% de las páginas webs, tiendas online o anuncios incluye algún tipo de alegación medioambiental. De acuerdo con una investigación del Observatorio de Producción Local y Consumo Sostenible, estas declaraciones influyen positivamente en las compras del 72% de los españoles.

    De acuerdo con el estudio previo a la propuesta de directiva, más del 50% de las declaraciones medioambientales son vagas, engañosas o infundadas; casi el 40% no cuenta con evidencias que las respalden, y, en el caso de los más de 230 sellos verdes que existen en el ámbito UE, casi el 50% no cuenta con verificación alguna. 

    Green Claims: se prohibirá la publicidad basada en programas de compensación de las emisiones de carbono

    Ahora, con la directiva Green Claims, las afirmaciones verdes o sostenibles deberán basarse en un estudio exhaustivo, sustentadas en análisis del ciclo de vida completo, considerando los impactos ambientales desde el inicio hasta el fin de la vida útil de los productos, incluyendo impactos en la biodiversidad, clima, suelo y agua.

    Los Estados miembros designarán a verificadores para preaprobar el uso de reclamos como “biodegradable”, “menos contaminante”, “utiliza menos agua”… De esta manera se busca proteger a los compradores de la publicidad engañosa y ambigua. Las alegaciones, junto a las evidencias que las sustenten, deberán examinadas en el plazo de treinta días. Los Estados miembros deben velar por que el coste de la verificación y la certificación tenga en cuenta la complejidad de la alegación y el tamaño de las empresas que solicitan la verificación y la certificación.

    Quedará prohibida la publicidad basada en exclusiva en programas de compensación de las emisiones de carbono. Para hacer cualquier mención a programas relacionados con los créditos de carbono estos deberán estar certificados, como aquellos establecidos en el marco de la UE de certificación para absorciones de carbono.

    La próxima ronda de negociaciones sobre esta Directiva comenzará tras la constitución del nuevo Parlamento de la UE tras las elecciones de junio de 2024.

    Legislación española: más de 100.000 euros de multa

    El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ya comenzó en marzo la tramitación de una Ley de Consumo Sostenible. Entre sus principales propósitos está luchar firmemente contra el ecoblanqueo o greenwashing. Avanzándose, el Ministerio de Consumo ya ha publicado una Guía de Comunicación Sostenible dirigida a empresas y que lleva por título: «Cómo incluir información medioambiental en tus estrategias y campañas». En ella se ofrece información detallada de cómo identificar el greenwashing y la legislación al respecto. Por ejemplo: si una empresa presenta alegaciones medioambientales no verificables esto podría ser considerado una práctica desleal que infringe el artículo 47.1.m del Real Decreto Legislativo 1/2007 y acarrear sanciones de hasta 100.000 euros. Las sanciones podrían sobrepasar esas cantidades, hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido por la práctica desleal.

    Si tu empresa necesita asesoramiento para asegurar el cumplimiento de estas nuevas normativas, en Confianz podemos ayudarte.

  • Cómo afrontar una operación de M&A en la industria farmacéutica

    La industria farmacéutica presenta una serie de particularidades que la diferencia del resto de sectores. Las empresas farmacéuticas operan en un mercado muy regulado por las autoridades. Precisan de una autorización administrativa para lanzar cualquier medicamento. También la distribución, la promoción, dispensación y administración están sometidas a un exhaustivo control estatal.

    Todos estos hechos diferenciales condicionan cualquier operación de M&A que implique a empresas dedicadas al desarrollo, fabricación o comercialización de medicamentos. De hecho, por la condición estratégica que tiene la industria farmacéutica, en la UE existen mecanismos de control específicos para el sector.

    Due diligence y manifestaciones y garantías

    Tanto en la fase de due diligence como en las manifestaciones y garantías hay que solicitar, analizar y tener en cuenta toda la información y documentación que permita identificar los mayores riesgos a los que se enfrenta potencialmente la compañía:

    • ¿Cuál es la situación de los activos de la empresa? 

    El activo principal de las empresas farmacéuticas es intangible: la patente del producto, el know how asociado al proceso de fabricación, los datos resultantes del ensayo clínico, etc. Por lo tanto, el adquirente tiene que comprobar si el activo intangible pertenece a la sociedad objetivo, si es el propietario único, si es un activo licenciado por un tercero, si está debidamente registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas o la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea… Cuando los derechos estén formalizados en contratos (contratos de licencia, contratos de codesarrollo, etc.) será necesario analizar si la licencia o la cotitularidad se encuentra sometida a una cláusula de cambio de control o de expiración de su vigencia.

    • ¿Ha sufrido retiradas del mercado? 

    Cualquier retirada de mercado implica importantes costes administrativos y financieros, además de un enorme coste reputacional.

    • ¿Se han producido acciones judiciales o extrajudiciales por responsabilidad extracontractual o por responsabilidad objetiva por producto defectuoso? 

    Este es un riesgo especialmente grande en mercados como el de Estados Unidos, donde existe el riesgo de las acciones colectivas.

    • ¿Cuenta la empresa target con procedimientos de compliance robustos?

    Como decíamos, la industria farmacéutica es una de las más reguladas.  La autorización administrativa es imprescindible para comercializar un medicamento en cada una de las comunidades autónomas, fijar el precio, promocionarlo… Por eso, en la fase de due diligence conviene analizar la consistencia de los procesos y procedimientos de compliance. También comprobar si la compañía si está adherida a algún código de autorregulación de la industria, como el Código de Buenas Prácticas Farmaindustria o el Código de Transparencia de EFPIA.

    • ¿Se han producido acciones judiciales o extrajudiciales por nulidad o infracción de derechos de propiedad industrial?

    Hay que analizar si existe algún riesgo, existente o potencial, de que la empresa objetivo sea demandada por infracción de patente.

    • ¿Existen incompatibilidades entre la empresa target y la compradora?

    En estos casos la compañía adquiriente suele ser también una farmacéutica. Por ello resulta necesario analizar si el negocio de la empresa target pudiera entrar en conflicto con sus obligaciones existentes de exclusividad, compra única o no competencia.

    Pasos específicos para completar una fusión o adquisición en la industria farmacéutica

    Para cerrar la operación de M&A es necesario formalizar la escritura de transmisión de las autorizaciones de comercialización de los medicamentos adquiridos. En el caso de España, la transmisión tiene que autorizarla la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

    También suele ser conveniente firmar un acuerdo de servicios de apoyo transitorios hasta que la adquirente haya integrado los nuevos departamentos de calidad, médicos y de farmaco vigilancia en su estructura. De esta manera se asegura, sin interrupciones, el correcto cumplimiento de los contratos de fabricación o comercialización de medicamentos. 

    En Confianz, contamos con la experiencia y el conocimiento necesarios para guiar a su empresa a través de cada etapa de una operación de M&A en la industria farmacéutica. Para asegurar el éxito y la conformidad regulatoria de su transacción, no dude en contactarnos.

  • Compliance tributario: cómo implantarlo en la empresa para evitar riesgos

    El compliance tributario o cumplimiento correcto de todas las obligaciones tributarias es una obligación que exige importantes esfuerzos a las empresas. Y no solo de gestión, porque mantenerse al día de toda la normativa fiscal vigente en cada momento requiere de una actualización constante.

    Es esencial aplicar un buen compliance tributario que garantice el debido cumplimiento de todas las obligaciones fiscales de acuerdo con la normativa tributaria aplicable. Desde el pago de impuestos hasta la presentación de declaraciones tributarias, pasando por el control y mitigación de los riesgos fiscales que puedan afectar a la organización. No olvidemos que la Ley de sociedades de capital establece como una de las facultades indelegables de los órganos de administración la determinación de la política de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales. De lo contrario, el incumplimiento puede derivar en responsabilidades de los administradores de la sociedad por no aplicar la diligencia debida.

    Ventajas del compliance tributario

    El compliance tributario es un sistema de gestión que facilita la identificación, prevención y detección de riesgos fiscales para evitar liquidaciones complementarias, sanciones o incluso llegar accidentalmente al delito fiscal. Tener instaurado un sistema de compliance tributario conlleva importantes ventajas para la empresa e incluso sus administradores:

    • Evitar o minimizar el riesgo de tener que pagar importantes sanciones o multas a la Agencia Tributaria.
    • Mejorar la reputación empresarial. Porque figurar en la lista de deudores de Hacienda puede generar desconfianza entre clientes, proveedores y partners.
    • Planificar con antelación los recursos financieros. Actuar con anticipación permite evitar también los errores que pueden ir en contra de la propia empresa y optimizar la gestión de sus recursos monetarios.
    • Se minimiza el riesgo de responsabilidad penal por un deficiente control de sus riesgos fiscales. Las empresas pueden ser acusadas de un delito contra la Hacienda Pública si incumplen de forma grave con sus obligaciones fiscales. 
    • Se limita el riesgo de una eventual responsabilidad subsidiaria de la deuda tributaria por parte de los administradores. El compliance tributario es un medio de prueba adicional para demostrar la diligencia debida por parte de los administradores.

    Cómo alcanzar el cumplimiento tributario

    La Norma UNE 19602 (Sistemas de gestión de compliance tributario y requisitos con orientación para su uso) establece los elementos clave que debe tener en cuenta una empresa para implantar un sistema de compliance tributario:

    • Comprender las leyes y regulaciones tributarias que afectan a la empresa y saber aplicarlas.
    • Mantener una contabilidad exacta y al día para evitar alteraciones significativas en el resultado de las liquidaciones tributarias de la empresa.
    • Definir un calendario de las obligaciones fiscales con sus correspondientes plazos establecidos. Esto evitará recibir sanciones o tener que pagar intereses de demora.
    • Contar con un tax compliance officer o un órgano de compliance tributario encargado de aprobar y publicar la política de compliance tributario y de definir los procesos de diligencia debida con empleados, proveedores y socios de negocio. Esta figura también la puede desempeñar un asesor fiscal externo.
    • Definir una política de compliance tributario con compromisos y objetivos.
    • Establecer con un canal de denuncias a través del cual los empleados puedan alertar ante sospechas de incumplimientos de buena fe en materia fiscal.
    • Utilizar un software de gestión contable y fiscal que cumpla con la Ley antifruade y permita la automatización de los procesos contables. Debe impedir tanto las contabilidades paralelas como la alteración y anulación de facturas. De esta manera se gana eficiencia, se reduce la posibilidad de cometer errores y se agiliza la presentación de declaraciones fiscales.

    Si tu empresa necesita ayuda en la implantación de un sistema de compliance tributario, los expertos fiscales de Confianz pueden ayudarte a desarrollar uno a medida. 

  • Comprar una empresa en concurso de acreedores ¿es buena idea?

    Ciertamente adquirir una empresa en concurso de acreedores no es una inversión para todo el mundo. Sin embargo, los más audaces pueden encontrar oportunidades únicas en este mercado. Empresas que, aunque ahora se encuentren en apuros, gozan de un sólido legado en el que pueden apoyarse para superar estas dificultades. Esta es la gran ocasión de los potenciales compradores de acceder a sus activos a un precio reducido, reestructurar la empresa, adaptarla a las necesidades actuales y devolverla a la senda de los beneficios.

    Dentro de la incertidumbre inherente a este tipo de operaciones, en este artículo repasamos la manera de comprar una empresa en concurso de acreedores con las máximas garantías de éxito. 

    Evaluación preliminar exhaustiva

    Antes de emprender la compra de una empresa en concurso de acreedores, lo primero es realizar una evaluación preliminar exhaustiva para determinar el potencial de la inversión e identificar los riesgos existentes. Para ello es importante revisar cualquier documentación que pueda ser relevante: los últimos informes financieros, las actas de los órganos de administración y gestión, etc.

    Identificar cuáles son las causas de la insolvencia

    A la hora de valorar la compra de una empresa en situación concursal quizás el punto más importante es evaluar cuáles son las causas que la han precipitado a la insolvencia. Para analizar si se trata de una empresa viable no es lo mismo que sus dificultades se deban a problemas estructurales, que sean consecuencia de una mala gestión del equipo directivo, de la aparición de nuevos competidores…

    Analizar la estructura de la deuda

    La Ley Concursal establece un orden determinado en el pago a los acreedores. Para negociar con ellos es por lo tanto imprescindible analizar cuál es la estructura de la deuda de la empresa: su deuda total, la jerarquía de los acreedores y las condiciones de los créditos.

    Análisis de los activos de la empresa en concurso de acreedores

    Las posibilidades de recuperación de la inversión dependerán en gran medida de si los activos de la empresa son líquidos o por el contrario resultarán difíciles de vender. Otro punto a aclarar es si los activos fundamentales para el negocio se encuentran gravados con cargas o embargos

    Revisión de los contratos vigentes

    • En el caso de los contratos vigentes con clientes y proveedores es esencial saber si son transferibles tras la adquisición.
    • En cuanto a los contratos vigentes con los trabajadores, hay que tener en cuenta que la adquisición suele conllevar la subrogación de las responsabilidades laborales. El comprador debe estar preparado para asumir las obligaciones en cuanto a salarios, indemnizaciones y otros derechos laborales.

    Due diligence completa

    Para minimizar riesgos es imprescindible realizar una due diligence completa que incluya todos los aspectos comerciales, legales y financieros. Este proceso permite identificar todas y cada una de las cargas y responsabilidades de la empresa, así como evaluar su viabilidad. La revisión legal debe abarcar, entre otros, litigios en curso y posibles contingencias fiscales.

    Elaboración de un plan de viabilidad realista para la empresa en concurso

    Antes de iniciar la compra hay que tener un plan de viabilidad realista y basado en proyecciones financieras sólidas. Porque este será el documento clave en la negociación con la administración concursal y los acreedores.

    En definitiva, la compra de una empresa en concurso de acreedores es una inversión para inversores con un perfil de riesgo elevado. Las incertidumbres son muchas, pero con una evaluación preliminar exhaustiva y el asesoramiento de un equipo de especialistas en derecho concursal y M&A es posible encontrar excelentes oportunidades.

  • Protocolo familiar: la mejor manera de asegurar la supervivencia de la empresa familiar

    No me cansaré de repetirlo: una transición generacional ordenada en la dirección y la propiedad es quizás la clave principal para la supervivencia de las empresas familiares a largo plazo. Y una herramienta muy útil para lograrlo es el convenio o protocolo familiar, un acuerdo integral en común para todos los miembros de la familia empresaria. 

    Qué es el protocolo familiar

    El convenio o protocolo familiar es un conjunto de acuerdos minuciosamente detallados, y resulta un instrumento esencial para planificar y facilitar una transición generacional ordenada en la dirección y propiedad de la empresa familiar.

    Es un documento jurídico, pero es independiente de las normas que rigen las sociedades mercantiles y no es un documento legalmente vinculante en todos los países. Sin embargo, sí tiene un fuerte compromiso moral y puede formar parte de acuerdos legales más amplios dentro de la estructura corporativa de la empresa. La violación del protocolo familiar puede llevar a importantes conflictos internos. Por ello, es importante prever en él mecanismos claros de resolución de conflictos y sanciones en caso de incumplimiento.

    Objetivos

    El principal objetivo del protocolo es asegurar tanto la cohesión interna de la familia como la perdurabilidad de la empresa dentro del ámbito familiar. Para lograrlo, podemos desglosarlo en varios objetivos secundarios:

    • Prevenir la aparición de disputas. Para ello, fija normas claras para las interacciones entre los miembros de la familia, la propiedad y la empresa.
    • Asegurar la sostenibilidad y el avance del negocio. Para ello, dicta cómo debe operar la empresa y el nivel de involucramiento de la familia.
    • Forjar un proyecto común que fortalezca los lazos familiares y fomente un compromiso unificado hacia el negocio.

    Qué contenidos debe incluir el convenio o protocolo familiar

    Cada empresa familiar es un mundo. Por este motivo, el protocolo familiar puede y debe abarcar una gran variedad de temas. Desde aquellos de naturaleza jurídica, hasta los asuntos éticos o morales, los valores y la cultura de la familia, etc. Algunos de los puntos que suele abarcar son la sucesión en la dirección y propiedad de la empresa, las políticas de empleo familiar, la distribución de beneficios, la gestión de conflictos, las responsabilidades de los miembros de la familia y los criterios a seguir en la toma de decisiones.

    La fórmula a utilizar es la integración de cláusulas contractuales firmadas por todos los familiares. Éstas tienen un efecto vinculante entre ellos y pueden influir en otros documentos legales de la empresa, como los estatutos de la sociedad.

    A diferencia del contrato de sociedad, que es un acuerdo que se centra en la creación y gestión de un negocio con el objetivo de repartir beneficios, el convenio familiar asume que la empresa ya está establecida y se orienta a armonizar las relaciones entre los miembros de la familia y su empresa. Por esta razón no se requieren aportaciones de capital por parte de los firmantes, ya que los miembros de la familia ya tienen asignadas sus participaciones o acciones en la empresa.

    Las empresas familiares son un ente vivo, por lo que el protocolo debe ser revisado periódicamente para adaptarse a los cambios tanto en la familia como en la empresa.

    Cómo crear un protocolo familiar 

    Las empresas familiares son complejas y en ellas se mezclan las relaciones personales y profesionales. Por lo tanto, es altamente recomendable, si no imprescindible, contar para su elaboración con el asesoramiento externo de abogados expertos en empresas familiares. En cualquier caso, en la redacción deben participar todos los miembros de la familia que tengan interés en la empresa, desde los que son activos en su gestión como hasta aquellos que son simplemente accionistas o herederos. Porque su implementación exitosa requiere un acuerdo unánime.

  • Los riesgos de la transmisión de responsabilidad penal tras una operación de M&A

    Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional ha reabierto el debate acerca de si la responsabilidad penal de las empresas puede transmitirse tras una fusión o adquisición. Vamos a ver en detalle el estado de la cuestión

    El Banco Santander recibe una sanción por una infracción del Banco Popular

    La historia se remonta a hace algunos años. En 2018 el Banco Santander absorbió el Banco Popular. Poco después, en enero de 2019, el Banco Santander fue imputado por hechos presuntamente delictivos acaecidos años atrás en Banco Popular. En este caso se trata de una inobservancia de la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

    En mayo de 2019, el Banco Santander fue condenado a pagar una multa administrativa de un millón de euros. Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó la imputación del Banco Santander, invocando entre otros criterios la ausencia de comportamiento típico en la entidad resultante. 

    Todo ha cambiado ahora con la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 179/2023, de 11 de diciembre, que resuelve un recurso de amparo en un contencioso-administrativo y concluye que el traslado de la sanción administrativa al sucesor no vulnera el principio de culpabilidad. Confirma por lo tanto la sanción económica al Banco Santander por una infracción que habría sido cometida por el Banco Popular antes de su absorción.

    La responsabilidad penal de la sociedad absorbida se transmite a la absorbente

    El debate se centra en determinar si en los casos de sucesión entre personas jurídicas la responsabilidad penal por actos cometidos por la sociedad absorbida se transmite a la sociedad absorbente. A este respecto, el Tribunal Constitucional apunta al principio recogido en el artículo 130.2 del Código Penal: “admitir que la disolución de la persona jurídica conlleve la extinción de toda responsabilidad por infracción, como sucede con la muerte de las personas físicas (art. 130.1.1 CP), equivaldría -como aducen el abogado del Estado y el fiscal- a permitir que se eludan las responsabilidades por la vía de continuar bajo otra forma jurídica la misma actividad en cuyo ejercicio se incurrió en la conducta típica.” Eso sí, para poder declarar la transmisión de la responsabilidad de una sociedad a otra debe existir una “identidad económica sustancial” entre la actividad desarrollada por la entidad absorbida y la que desarrolla el nuevo titular jurídico.

    En cualquier caso, hay que destacar que esta sentencia se pronuncia en relación con una sanción administrativa y respecto de la impugnación de aquella frente a la Sala de lo Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo. Esto es, no cabe su extrapolación automática a las sanciones de naturaleza penal.

    Cómo afecta esta sentencia a las fusiones y adquisiciones

    Esta sentencia evidencia el riesgo que asumen los adquirentes de empresas. Porque la redacción del art. 130.2 CP abre la puerta a una traslación automática de la responsabilidad penal. Tras esta sentencia resulta más evidente que nunca la importancia de la fase de due diligence en las operaciones de M&A. Porque es imprescindible determinar con la mayor certidumbre posible:

    • Qué responsabilidades penales pueden haberse generado en la empresa adquirida, fusionada o absorbida; 
    • Si existe “identidad económica sustancial” entre la actividad de las absorbentes y absorbidas; 
    • Si existen otras circunstancias que mitiguen la eventual responsabilidad penal de la empresa absorbente.

    En Confianz contamos con un equipo de especialistas en M&A capaces de prever todas estas posibles complicaciones. Nuestra dilatada experiencia en este tipo de operaciones nos permite llevar a cabo todo el proceso con las máximas garantías.

  • Ya está aprobada la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad

    Tras la reciente aprobación de la Directiva CSDR de reporte de sostenibilidad corporativa, la UE acaba de aprobar el pasado 24 de abril la nueva y ambiciosa Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (conocida también como CSDDD por sus siglas en inglés). Esta normativa busca que las empresas aumenten su responsabilidad corporativa desde el punto de vista de los derechos humanos y el medioambiente. Para ello, se estima que más de 5.000 empresas, no solo de la Unión Europea, deberán cumplir nuevas obligaciones y requisitos.

    ¿A qué empresas afectará la CSDDD?

    La aplicación de la CSDDD afectará a:

    • Grandes empresas de la Unión Europea (UE) con más de 1.000 trabajadores y más de 450 millones de facturación anual a nivel mundial. Sin embargo, la aplicación será gradual:  
      • 2027: empresas con más 5.000 trabajadores y una facturación de más de 1.500 millones de euros.
      • 2028: empresas con más de 3.000 trabajadores y una facturación de más de 900 millones de euros.
      • 2029: empresas con más de 1.000 trabajadores y una facturación de más de 450 millones de euros.
    • Empresas extracomunitarias con actividades en la UE que facturen más de 450 millones de euros en el territorio de la Unión. Su aplicación también será gradual:
      • 2027: las empresas que facturen más 1.500 millones de euros.
      • 2028: las empresas que facturen más de 900 millones de euros.
      • 2029: las empresas que facturen más de 450 millones de euros.

    Obligaciones de las empresas

    Las empresas afectadas por la CSDD deberán cumplir estas normas para el cumplimiento de la debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambiente:

    • Elaborar una política de diligencia debida que contenga una descripción del enfoque aplicado por la empresa, un código de conducta y una descripción de los procesos establecidos para aplicarla. Las empresas también deberán supervisar la eficacia de su estrategia y de las medidas adoptadas.
    • Determinar los efectos negativos reales o potenciales de su actividad, la de sus filiales y la de su cadena de actividades en los derechos humanos y el medioambiente. Prevenirlos y mitigarlos mediante la aplicación de la política de diligencia debida.
    • Establecer y mantener un procedimiento de reclamación.
    • Comunicar públicamente de forma anual sobre diligencia debida.
    • Adoptar y aplicar un plan de transición climática conforme al Acuerdo de París, con el objetivo de mitigar el cambio climático y limitar el calentamiento global a un máximo de 1,5°C.

    Para cumplir con toda esta normativa, las empresas deberán recopilar información cualitativa y cuantitativa a través de informes independientes.

    Cómo afecta la Directiva sobre diligencia en materia de sostenibilidad a la cadena de valor

    Además, las grandes empresas también deberán llevar al menos cada año evaluaciones de sus filiales y cadenas de valor. En la normativa se adopta el término “cadena de activades”, que abarca tanto a los socios comerciales situados en los eslabones anteriores de la cadena de la empresa como, en parte, a los posteriores. Esto es:

    • Las actividades de los socios comerciales en sentido ascendente relacionadas con la producción de bienes o la prestación de servicios. Esto incluye el diseño, extracción, aprovisionamiento, fabricación, transporte, almacenamiento y suministro de materias primas, productos o partes de los productos y el desarrollo del producto o del servicio.
    • Las actividades de los socios comerciales de la empresa en sentido descendente relacionadas con la distribución, transporte y almacenamiento del producto.

    Importantes sanciones económicas

    El incumplimiento de la CSDD conllevará sanciones tanto a nivel administrativo como civil. Las autoridades supervisoras estarán encargadas de monitorear el cumplimiento y podrán imponer multas de hasta el 5% del volumen de negocios neto mundial de las empresas que infrinjan las normas.

    En conclusión, la nueva Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD) aumenta de forma considerable las obligaciones en materia de diligencia debida. El equipo legal de Confianz puede ayudar a las empresas a asegurarse de su correcto cumplimiento.