Cuando una empresa no puede pagar sus deudas y se declara en concurso de acreedores, se considera acreedor concursal a toda persona o empresa que tenga deudas pendientes con la empresa concursada. La reforma de la Ley Concursal de septiembre de 2022 ha cambiado completamente el panorama legal. Esta nueva normativa refuerza la posición del acreedor concursal y crea herramientas más eficaces para recuperar las deudas.
La ley actual busca soluciones rápidas antes de que las empresas lleguen a cerrar definitivamente. Para el acreedor concursal, estos cambios significan más garantías y mayor participación en todo el proceso. También permite intervenir activamente en las decisiones que afectan a la recuperación de su dinero.
Derechos ampliados del acreedor concursal con la nueva legislación
La reforma ha fortalecido considerablemente los derechos del acreedor concursal. Ahora tiene más herramientas legales para proteger sus intereses y controlar el desarrollo del proceso concursal.
El primer derecho básico consiste en aportar todos los documentos necesarios que demuestren que efectivamente existe la deuda. Esta documentación debe incluir contratos, facturas, albaranes o cualquier prueba que confirme el origen de la deuda. También debe especificar el importe exacto, las fechas de cuando se contrajo la deuda y cuándo debía pagarse.
El acreedor concursal puede solicitar que su deudor se declare en concurso. Si tiene varios deudores que pertenecen al mismo grupo de empresas, puede pedir que se tramiten todos los concursos juntos. Esta medida acelera los procedimientos y evita duplicar costes y trámites innecesarios.
La nueva ley garantiza que el acreedor concursal conozca públicamente cuando se inicia el concurso. Esta información se publica en el Boletín Oficial del Estado, en el Registro Público Concursal y en el Registro Mercantil. Una vez publicado, los acreedores tienen exactamente un mes para presentarse ante el administrador concursal.
También puede participar en la calificación del concurso. Esto significa que puede aportar pruebas para demostrar si la empresa actuó con mala fe o de forma negligente antes del concurso. Si su deuda supera un millón de euros o representa al menos el 5% de todas las deudas de la empresa, puede elaborar su propio informe de calificación.
Otro derecho importante permite presentar alegaciones durante todo el proceso. El acreedor concursal puede defenderse si no está de acuerdo con las propuestas del administrador concursal. También puede oponerse a los convenios que considere perjudiciales para sus intereses.
Obligaciones que debe cumplir el acreedor concursal en el proceso
Con los nuevos derechos llegan también obligaciones específicas que el acreedor concursal debe respetar. Estas obligaciones garantizan que el proceso se desarrolle correctamente y protegen los derechos de todas las partes implicadas.
La primera obligación fundamental requiere respetar los acuerdos alcanzados en las negociaciones. Una vez firmado un convenio o alcanzado un pacto, el acreedor concursal no puede exigir condiciones diferentes o adicionales. Esta norma da seguridad jurídica y facilita que se lleguen a acuerdos entre deudor y acreedores.
También debe aceptar que otras personas paguen la deuda en nombre del deudor. Por ejemplo, si un familiar o socio del deudor quiere pagar la deuda, el acreedor concursal no puede negarse. Sin embargo, no está obligado a aceptar que esa tercera persona se convierta en el nuevo deudor.
Cuando el lugar donde debe cobrarse la deuda cambie de ubicación, el acreedor concursal puede reclamar una compensación por los gastos extra que esto le suponga. Esta indemnización debe cubrir los costes adicionales de desplazamiento o gestión derivados del cambio.
El acreedor concursal debe participar de buena fe en las negociaciones. No puede poner obstáculos innecesarios o rechazar propuestas razonables sin motivos justificados. La ley fomenta la colaboración entre las partes para encontrar soluciones que beneficien a todos.
Mejores garantías para el acreedor concursal en 2025
La legislación actual da prioridad a salvar las empresas viables antes que cerrarlas. Los concursos de acreedores buscan obtener una solución lo más satisfactoria posible para el conjunto de acreedores cuando una empresa no puede cumplir regularmente con sus obligaciones. Para el acreedor concursal, esto aumenta las posibilidades de cobrar al menos parte de lo que se le debe.
El nuevo marco legal incentiva que deudores y acreedores negocien antes de llegar al juzgado. Las conversaciones tempranas y los acuerdos fuera del proceso judicial se han convertido en alternativas reales y eficaces. Estas soluciones reducen los gastos legales y aceleran la resolución de los conflictos económicos.
El administrador concursal tiene ahora un papel más activo protegiendo los intereses del acreedor concursal. Su función como mediador facilita el diálogo entre las partes y ayuda a encontrar soluciones equilibradas. Esta intervención profesional especializada mejora notablemente los resultados del proceso.
Cuando resulta imposible salvar la empresa, la nueva ley asegura una liquidación ordenada y eficiente. El objetivo es reducir al máximo las pérdidas para el acreedor concursal y el resto de interesados. Los procedimientos se han simplificado para disminuir los costes administrativos y aprovechar mejor el valor de los bienes que se vendan.
La participación del acreedor concursal en las decisiones importantes constituye otro avance relevante. Su opinión cuenta en las votaciones sobre planes de reestructuración y convenios con los acreedores. Esta mayor participación refuerza la legitimidad de las decisiones que se adopten.
El Registro Público Concursal contribuye a la mejora de la seguridad jurídica, permitiendo que cualquier acreedor concursal pueda consultar información actualizada sobre los procesos en curso. Esta transparencia facilita la toma de decisiones informadas.
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La experiencia práctica de Confianz en procedimientos concursales asegura un enfoque personalizado y eficaz. Analizamos cada caso de forma individual para diseñar las mejores estrategias de recuperación de deudas. Nuestro objetivo es maximizar las posibilidades de cobro del acreedor concursal dentro del marco legal actual.
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